El TSJCLM también ha confirmado la condena al BBVA como responsable subsidiario por no comprobar si el beneficiario seguía vivo
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha confirmado la pena de dos años de prisión y multa de 78.643,72 euros impuesta a una mujer de Guadalajara por cobrar durante seis años la pensión de un hombre fallecido. Además, declara a la entidad bancaria BBVA responsable civil subsidiaria de lo ocurrido.
El BBVA recurrió la resolución, procedente de la Audiencia de Guadalajara, donde solicitaba su absolución con todos los pronunciamientos favorables.
En los hechos probados de esta sentencia constaba que la acusada, pese a conocer el fallecimiento del titular de la pensión el 25 de agosto de 2015 en Ecuador y aprovechando su condición de autorizada, eludió informar sobre ello a la administración y a la entidad bancaria, así como a los familiares herederos del fallecido, disponiendo indebidamente del dinero mediante retiradas en efectivo y pagos con tarjeta desde septiembre de 2015 hasta octubre de 2021.
Según los magistrados, aunque en el relato fáctico no se declara expresamente que el banco no comprobó o solicitó la comprobación de la pervivencia del beneficiario de la pensión que se ingresaba mensualmente en la entidad, en la sentencia apelada se da cuenta de la «falta total de actuación» del BBVA, que «no llevó a cabo ningún control de la pervivencia del beneficiario ni efectuó requerimiento alguno a la Dirección Provincial solicitando ayuda»
Y prosiguen: «La disposición por la acusada de las cantidades ingresadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de pensión de jubilación en la cuenta corriente de la que era titular (…), no se hubiera producido si BBVA hubiera cumplido con la obligación impuesta en el artículo 17.5 OMTSS». La Sala de lo Civil y Penal añade, no obstante, que este artículo no deja únicamente en manos de las entidades bancarias el control de la pervivencia de los beneficiarios que tienen domiciliado el cobro de sus prestaciones, sino que ofrece a la entidad pagadora la posibilidad de solicitar de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que requiera a «la totalidad o parte de los titulares a quienes se hagan abonos en cuenta que acrediten pervivencia».
Sin embargo, concluye, «pese a los casi seis años transcurridos desde el fallecimiento del titular de la cuenta la acusada siguió disponiendo indebidamente de la misma (…). Y esto es imputable única y exclusivamente a la entidad bancaria por incumplir la obligación de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social -al menos anualmente, como exige el artículo 17.5 OMTSS- la pervivencia del titular de la cuenta corriente; y lo es hasta el mes de febrero de 2021, fecha en la que notificó a la entidad gestora de las prestaciones que dejara de hacer el ingreso de la pensión por fallecimiento del titular».
