Los detenidos pertenecían a distintas redes internacionales dedicadas a la distribución de filmes piratas en Internet, percibiendo entre 250 y 400 euros por cada grabación
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones dedicados a la grabación clandestina de películas de estreno en distintas salas de cine de la Comunidad de Madrid. Pertenecían a diferentes redes internacionales dedicadas a la distribución de filmes piratas en Internet, percibiendo entre 250 y 400 euros por cada grabación.
Se trata de la primera investigación dilatada en el tiempo que ha logrado la identificación y detención de estos dos «camcorders», quienes han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos contra la propiedad intelectual, atribuyéndoles 14 hechos comprendidos entre febrero de 2019 y enero de 2022.
La investigación comenzó a inicios del pasado año 2021 tras la denuncia interpuesta por la Motion Picture Association que daba cuenta de hasta 14 grabaciones clandestinas detectadas en distintas salas de cine de Madrid, actividad que constituye un uso ilícito y no autorizado de contenidos destinados única y exclusivamente a su exhibición en cines.
Los agentes comprobaron que estas grabaciones piratas eran editadas y después publicadas en páginas web especializadas en la distribución de contenidos protegidos. Su análisis técnico permitió individualizar los dispositivos empleados para estas filmaciones ilícitas, llegando a la conclusión de que eran realizadas por dos personas distintas, en concreto por dos varones que se pudo acreditar que asistían con regularidad a las salas de cine objeto de investigación.
El operativo policial se centró entonces en diseñar vigilancias en diferentes salas de cine de la región que se prolongaron en el tiempo, intensificándose en las fechas de lanzamiento de estrenos relevantes. El despliegue de los agentes concluyó con la detención de los dos varones en diferentes momentos, siendo sorprendido uno de ellos in fraganti cuando estaba grabando la película, utilizando para ello un teléfono móvil dotado de una aplicación específica para la grabación discreta y con ajustes de parámetros técnicos.
Estos hechos suponen la primera investigación dilatada en el tiempo que ha logrado la identificación y detención de «camcorders», ya que hasta el momento solo se habían logrado arrestos de autores de hechos similares cuando eran sorprendidos in fraganti dentro de la propia sala de cine por sus responsables.
Los detenidos –conocidos por su especialidad delictiva como «camcorders»– ocupaban un puesto de nivel bajo en la estructuras de las respectivas redes internacionales a las que pertenecían. Sin embargo, su papel era fundamental dentro de estas organizaciones al ser los encargados de proveer las grabaciones que después eran facilitadas a otros integrantes para su edición, alojamiento y publicación. Por cada uno de estos filmes recibirían entre 250 y 400 euros, dependiendo de la calidad del contenido y de la relevancia del estreno.
Mediante este modus operandi, los integrantes de estas redes –una de ellas con mayor implantación en Sudamérica y otra en el este de Europa– obtenían ingresos por la publicidad insertada en las páginas web especializadas donde se publicaban las películas piratas, que estaban disponibles a través de enlaces de descarga. Asimismo, estas personas obtenían otros beneficios económicos por los accesos de pago a dichos sitios web de los clientes.
