UGT exige medidas para proteger el personal sanitario
El Juzgado de lo Penal de Guadalajara ha condenado a un paciente a dos meses de prisión y a una indemnización de 1.050 euros y a la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio pasivo durante el mismo tiempo por un delito de atentado y lesiones, por agredir a un enfermero del Hospital de Guadalajara, ha informado el sindicato UGT.
La sentencia dictada, al considerarse como atentado a una autoridad pública, implica no solo sanciones de tipo económico, sino también de tipo penal.
«La administración debe tomar todas las medidas necesarias en defensa de los empleados públicos, no solo en el ámbito sanitario, sino en cualquier otro ámbito, para evitar este tipo de situaciones de agresión a profesionales en el propio centro de trabajo, ya que las agresiones, pese a los múltiples esfuerzos, se siguen produciendo», señala Fernando José Peiró, secretario del Sector de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Guadalajara.
UGT, en la reunión del observatorio de la violencia para la prevención de agresiones al personal del SESCAM, que se celebrará el jueves en Toledo, insistirá en la necesidad de seguir revisando protocolos como el de inmovilización terapéutica en pacientes con alteraciones psíquicas, protocolo de pulseras de control a maltratadores y todas aquellas medidas que minimicen al máximo el riesgo de sufrir una agresión en las instituciones sanitarias.
