Los responsables de la sala sostienen que se les denegó la licencia por los intereses personales del alcalde, que vive en La Garena
El alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez Palacios, ha declarado esta mañana ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de la ciudad en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación, por parar la discoteca Carola Morena, que pretende generar más de 250 empleos en la ciudad.
Junto al alcalde también han comparecido el concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, el concejal José Alberto González, y el funcionario responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento, ante la denuncia de ZENIT WORLD S.L., promotor de la iniciativa en La Galena.
Anteriormente, el 16 de septiembre de 2020, habían comparecido 7 concejales de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, así como la funcionaria responsable del área de disciplina urbanística, tras la denuncia del promotor de la sala de fiestas.
El alcalde saliendo del juzgado en una imagen cedida a MiraCorredor.
A juicio del Ayuntamiento, y de los correspondientes informes técnicos, el proyecto de Carola Morena «no encaja en la normativa actual ni en la modificación parcial urbanística que se encuentra en trámite», «que pretende ampliar los usos comerciales y solucionar algunos aspectos en cuanto a los servicios del barrio», ha informado el Consistorio en un comunicado.
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, ha manifestado que «como en ocasiones anteriores, mostramos nuestra colaboración total con la Justicia. No es la primera denuncia en el ámbito penal a la que nos enfrentamos este equipo de Gobierno desde 2015: todas ellas han finalizado en inadmisión, sobreseimiento o archivo, y estamos convencidos de que este será el resultado final de una denuncia que contiene múltiples falsedades en el seno de la misma, falsedades referidas a la normativa aplicable, falsedades referidas a la vida personal de algunos de los concejales y falsedades sobre el procedimiento y fechas de tramitación del expediente».
Según el regidor, «en todo momento a este equipo de Gobierno le guía el interés general de la ciudad, la defensa de la ciudad, y en este caso en particular, el interés por los vecinos y vecinas del barrio de La Garena. Confiamos en que este interés general por el barrio de La Garena se vea refrendado por el Pleno Municipal cuando se lleve la modificación urbanística a su aprobación definitiva. Esta modificación ampliará los usos comerciales en el barrio de La Garena, permitiendo la instalación de supermercados y medianas superficies, solucionará los problemas existentes en algún edificio abandonado como el ubicado en la calle Celestino Mutis, cuya ocupación y deterioro provocó una importante alarma social en el barrio en la anterior legislatura y, asimismo, no permitirá la instalación de macrodiscotecas en el barrio».
Para el Ayuntamiento de Alcalá, los procesos judiciales abiertos por la empresa ZENIT WORLD S.L., (dos en el ámbito contencioso-administrativo y el presente en el ámbito penal), «tienen como objeto dificultar la actuación normal del Ayuntamiento, puesto que al ser una denuncia hacia la totalidad del equipo de Gobierno, trata de impedir el progreso de la modificación parcial y pretende mantener abierta la posibilidad de instalación de una macrodiscoteca».
El Ayuntamiento señala que «se trata de una denuncia instrumental que pretende imponer el criterio del promotor privado frente a la legalidad vigente y la legítima capacidad del Ayuntamiento para ordenar el urbanismo de la ciudad conforme al interés general de los vecinos y vecinas de la ciudad».
«El objetivo de la denuncia es, por lo tanto, mediatizar, erosionar y desprestigiar al Ayuntamiento para imponer la construcción de una macrodiscoteca de 4.000 metros cuadrados en un barrio residencial. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares confía en la Justicia y ha ofrecido la total colaboración de todos y cada uno de los concejales y concejalas, así como de los funcionarios de carrera que han comparecido ante el juez», concluye el comunicado.
La denuncia de los promotores
Los promotores de la sala de ocio presentaron la denuncia por presunta prevaricación por la suspensión de licencias que paralizó la actividad, cuando tenían previsto abrir en diciembre de 2019 tras acometer una reforma en el edificio de los antiguos Salones OMA de la Avenida Juan Carlos I.
La empresa señaló entonces que las decisiones adoptadas en la Junta de Gobierno Local (la suspensión de licencias y la prohibición del uso hostelero en el sector, actividad para la que ya contaba con licencia), les había causado notables perjuicios económicos, que cifraban en 8 millones de euros.
En la denuncia, a la que tuvo acceso MiraCorredor, los responsables de la sala acusaban al Ayuntamiento de tomar una serie de medidas «presuntamente arbitrarias y orientadas a atender intereses personales y no generales, saltándose la legalidad vigente».
«Aparentemente, dirán que se esconden ante un determinado interés público ciudadano. Sin embargo, este pretendido interés público encubre en primer lugar un interés personal: tanto el alcalde como su madre, como su hermano viven en el entorno inmediato del local afectado, una circunstancia que debió determinar su abstención y que explica en todo caso la diferencia de trato con cualquier otra licencia tramitada en el municipio, aun afectando a la misma problemática», argumentaban.
Asimismo, consideraban que la negativa se basa «en cuestiones medioambientales que no están justificadas». «Es sintomático de la existencia de un interés particular que, en el contexto del ruido y de la movilidad urbana, el Consistorio, bajo su mandato, había aprobado con fecha muy reciente un Plan Estratégico del Ruido en el que, entre la problemática derivada de esta cuestión, para nada se mencionaba ni esta zona, ni estos viales, ni estas parcelas ni esta problemática», apuntaba la denuncia.
«De hecho, no se puede decir que en el supuesto de otras situaciones, en las que sí existía una problemática real, los denunciados fueran especialmente sensibles», continuaba la denuncia, en la que se citaban algunos ejemplos. «Se han concedido licencias en Casco Antiguo en una zona absolutamente saturada. No ha existido una vigilancia sobre determinadas discotecas, realmente más sensibles a esta problemática, siendo del dominio público que no existen controles preventivos de alcoholemia en algunas determinadas». Incluso el propio Ayuntamiento, proseguía el escrito, «está incentivando el uso que niega al denunciante», en referencia a la apertura «bajo tutela municipal de una actividad en la Plaza de Toros para un aforo de 10 a 15 veces mayor».
Según los promotores, durante toda la tramitación de la licencia, los técnicos del Ayuntamiento de Alcalá del Área de Obras y del Área de Actividad significaron «en todo momento que, con relación a la ordenanza municipal no existe ningún problema en la reforma y en aquellos usos, que son los establecidos en la regulación».
Pero fue del 7 al 18 de julio de 2019, detallaba la denuncia, cuando el alcalde «ordena y manda a su equipo político y urbanístico de colaboradores que se pare a toda costa el proyecto del denunciante, es decir, que se suspenda la licencia de éste y se articule un procedimiento ad hoc para la denegación definitiva de la licencia al hoy denunciante».
«En realidad, al denunciado no le preocupaba la problemática derivada del ruido ni de los usos de ocio, ni de las situaciones derivadas del ocio juvenil, que, por cierto, nada tenía que ver con la actividad concreta planteada, sino que lo que le preocupaba eran sus estrictos intereses personales», indica el escrito.
Los promotores, que pretenden convertir los antiguos Salones OMA en una sala de ocio y eventos con proyección internacional, criticaron la decisión municipal y su justificación «tanto del alcalde como del concejal de Urbanismo y de la Junta de Gobierno Local» al hablar de «un cierto alboroto por parte de los vecinos y alarma social». «Esto sencillamente no es cierto, esto es una manipulación que estos señores esgrimen únicamente con la finalidad de justificar unos actos presuntamente delictivos, que es una prevaricación, porque no ha habido ninguna alarma social antes del 18 de julio de 2019, que es cuando tomaron la medida», concluyeron en su día fuentes de la empresa, al tiempo que recordaban que «el proyecto contempla la creación de 250 empleos».
