La directora del Centro Nacional de Inteligencia ha mostrado en el Congreso las autorizaciones judiciales para espiar a una veintena de políticos catalanes
La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha mostrado este jueves en su comparecencia ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso las autorizaciones judiciales para espiar a alrededor de una veintena de políticos independentistas.
Así lo han indicado a Efe fuentes de la reunión, que han señalado que Esteban ha llevado a la comisión abundante documentación de las actuaciones del centro, incluidas las autorizaciones judiciales para esas actuaciones que, en cualquier caso, no alcanzan las 65 personas espiadas, como denuncian los partidos independentistas.
En este sentido, la directora del CNI ha exhibido esas autorizaciones con nombres y apellidos, y entre los espiados se encontrarían el presidente catalán Pere Aragonès y dos personas del entorno de Puigdemont.
Pero las explicaciones que ha ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban, ante los portavoces parlamentarios que integran la Comisión de Gastos Reservados no han convencido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
Según su versión, para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o la ministra de Defensa, Margarita Robles; la directora del CNI ha apuntado dos posibles «culpables»: «uno o varios países extranjeros, o miembros de otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje con un programa parásito como Pegasus».
Por su parte, los portavoces del PP, Vox y Ciudadanos se han dado por satisfechos con las explicaciones ofrecidas en el Congreso por la directora del Centro Nacional de Inteligencia sobre el espionaje a políticos independentistas y no tienen duda de la legalidad de sus actuaciones.
En rueda de prensa, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha explicado que la información proporcionada en la Comisión de Gastos Reservados es más que suficiente y considera demostrado que el CNI ha actuado acorde a la directiva de seguridad y con autorización judicial a la hora de intervenir comunicaciones.
