La medida supondrá un gasto público anual cercano a los 3.000 millones de euros
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la medida está recogida en el acuerdo suscrito entre las formaciones políticas que componen el Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos) y en el discurso de investidura del presidente del Gobierno.
Montero ha afirmado que la intensa crisis económica y social causada por el COVID-19 ha acelerado su implementación: «Somos muy conscientes de que a la bolsa de pobreza que teníamos identificada antes de la pandemia se añaden ahora las nuevas dificultades por las que están atravesando miles de familias».
María Jesús Montero ha recordado que el Gobierno «ya ha aprobado planes para proteger el empleo y evitar situaciones de desahucio o cortes de suministro, pero, con el objetivo de que nadie se quede atrás, crea este nuevo derecho para la ciudadanía para luchar contra la pobreza extrema, sobre todo la infantil», destaca el Ejecutivo en nota de prensa.
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha destacado que el Ingreso Mínimo Vital supone «el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006».
Iglesias ha explicado que los ciudadanos lo recibirán siempre que cumplan los requisitos para acceder a él, como ocurre, por ejemplo, con la pensión de jubilación o la prestación por desempleo.
El umbral de renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia, ha precisado el vicepresidente, se incrementará en 139 euros al mes por cada persona, hasta un máximo de 1.015 euros mensuales. Además, las familias monoparentales recibirán un complemento de 100 euros al mes.
La prestación se calcula como la diferencia entre los ingresos mensuales de la persona o unidad de convivencia y la renta garantizada en cada caso.
Pablo Iglesias ha subrayado que los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, si cumplen los requisitos, podrán compatibilizarlo con sus ingresos laborales mientras no superen el umbral establecido. «No se dirige solo a personas desempleadas, sino también a personas o a hogares con ingresos muy bajos o con empleos temporales muy precarios», que verían ampliada la cobertura de su prestación, ha concretado.
Requisitos
El vicepresidente ha indicado que podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde los 18 si el solicitante tiene menores a cargo, que lleven, al menos, un año de residencia legal en España. El acceso a la ayuda dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite.
Además de los ingresos, se comprobará el patrimonio neto del solicitante, restando sus deudas, y sin tener en cuenta la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros.
Se podrá solicitar desde el 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese día hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.
Iglesias también ha resaltado que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación compatible con otras rentas de inserción de las comunidades autónomas: «Hoy establecemos un suelo mínimo igual para toda España, pero las comunidades autónomas van a poder complementarlo atendiendo a sus realidades concretas», ha indicado.
El líder de Unidas Podemos ha reiterado que el ingreso aprobado hoy es «una medida de justicia social, porque supone la redistribución de la riqueza, y de eficiencia económica, porque los recursos van a ir directamente a los hogares, al consumo, permitiendo que las empresas y los autónomos sigan facturando, algo necesario para la recuperación económica».
A su juicio, el ingreso también es «una cuestión de seguridad, porque los ciudadanos tienen que tener unos mínimos niveles de seguridad material que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, y una cuestión de libertad, porque no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía en sobrevivir».
Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha estimado que el Ingreso Mínimo Vital supondrá una inversión pública anual cercana a los 3.000 millones de euros, que se sitúa en la media europea de prestaciones similares. La previsión es que beneficie a 850.000 hogares en total y a 2,3 millones de personas, de las que un millón está ahora en pobreza extrema (con ingresos de menos de 3.000 euros al año) y 550.000 en pobreza muy alta (con ingresos entre 3.000 y 4.300 euros anuales).
