El Ministerio de Justicia impulsa una ley que, de aprobarse, afectará a las víctimas que alcancen un acuerdo extrajudicial
El Gobierno quiere que las víctimas de accidentes de tráfico tributen por las indemnizaciones que reciben. Así lo ha denunciado este jueves la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), que engloba a más de 200 despachos de abogados de víctimas de toda España y con mayor representatividad en este sector.
«El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende recaudar impuestos con las indemnizaciones de las víctimas de siniestros viales», denuncian. ANAVA-RC ha solicitado una reunión urgente con representantes del Ministerio de Justicia para abordar este asunto. Tras el revuelo, Justicia ha informado de que está valorando distintas observaciones y está abierto a estudiar modificaciones en el anteproyecto.
La medida viene recogida en la disposición final segunda del anteproyecto de ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, firmada por el anterior titular del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, y aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020, y afectaría a las indemnizaciones conseguidas en los acuerdos amistosos.
Desde la asociación consideran que su puesta en marcha «causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico y muy especialmente a los lesionados graves». En un comunicado, ANAVA-RC ha trasladado su «preocupación» porque el anteproyecto «esconde la medida puramente fiscal» con la que el Gobierno «pretende recaudar impuestos con las indemnizaciones».
«Las indemnizaciones nunca se han considerado como un incremento de patrimonio si no una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente», apunta Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC. Las víctimas, insiste, «sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente por culpa de un tercero».
«Lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima, en la medida de las posibilidades de la norma vigente, en la misma posición que estaba antes de tener el accidente», añade. Actualmente, el anteproyecto está siendo analizado por el Consejo de Estado.
