La ministra de Transportes ha achacado las incidencias a las obras de mejora que se están llevando a cabo en Chamartín
El Gobierno central ha rechazado el fondo de compensación de emergencia para Cercanías de 2.000 millones de euros, para atajar las continuas averías de la red, que pedía la Comunidad de Madrid. Así se lo ha trasladado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al consejero madrileño de Transportes, David Pérez, en la reunión que ambos han mantenido este viernes en la sede del Ministerio a petición del Ejecutivo regional.
Sí ha accedido la ministra a convocar la Comisión de Seguimiento de Cercanías para que ambas administraciones puedan evaluar los problemas de la red y las posibles soluciones, planes de inversión y actuaciones, así como coordinar los diferentes dispositivos de apoyo que Metro de Madrid pone en marcha para suplir el déficit del servicio de Cercanías, un medio de transporte público esencial que diariamente utilizan más de 500.000 ciudadanos en la región.
Pérez ha reclamado los informes y datos de ejecución del Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid, aprobado en 2018 por el Gobierno de Rajoy y dotado con 5.089 millones de euros hasta 2025, ya que, según ha manifestado, desde 2019 no se ha trasladado ningún dato de cumplimiento.
«Queremos garantías de una adecuada prestación del servicio público, que evite acumular más de 227 incidencias en los primeros 55 días de este año», «con las inversiones necesarias para el mantenimiento del sistema y asegurar la fiabilidad, frecuencia y puntualidad que demandan los usuarios», ha dicho el consejero.
Por ello, Pérez ha reiterado la necesidad de una «solución inmediata, urgente y extraordinaria para paliar los problemas en Cercanías, como consecuencia de la desinversión sostenida en el tiempo del Ejecutivo central». Además ha recordado que la Comunidad de Madrid ya solicitó las actuaciones de mejora del funcionamiento de las instalaciones de la red, ya que afectan a una parte muy sustancial de sus equipamientos, mobiliario, tecnología, accesibilidad y áreas de aparcamiento, todas ellas incluidas en el Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid aprobado en 2018.
Por su parte la ministra ha asegurado que «el ambicioso Plan del Gobierno para reforzar y mejorar el servicio de Cercanías de Madrid es real y se está ejecutando». «Un Plan que contempla 6.500 millones de euros en inversiones para renovar y aumentar la capacidad de la infraestructura y de la flota, 1.500 millones de euros más que los anunciados por el anterior Gobierno, y de los que ya se han movilizado 4.000 millones de euros, es decir, más del 60% del total», ha señalado.
La titular de Transportes ha achacado las incidencias a las obras de mejora que se están llevando a cabo en Chamartín. «Dada la complejidad de la nueva operativa, se han producido incidencias, que son puntuales, y para las que solicito la comprensión que los madrileños siempre han mostrado, conscientes como son de que los trabajos que estamos acometiendo mejorarán su movilidad diaria», ha indicado.
Acto seguido, Raquel Sánchez ha defendido que, pese a las obras y las incidencias, la puntualidad media es del 95%, teniendo en cuanta que se considera impuntualidad un retraso superior a los 3 minutos.
Bus-VAO en A-2 y tercer carril en la A-42
Por otro lado, el consejero madrileño ha vuelto a pedir al Ejecutivo central que comiencen las obras de los 19 kilómetros del carril Bus-VAO en la carretera A-2 desde Alcalá de Henares hasta el intercambiador de Avenida de América, un proyecto en el que el Ejecutivo autonómico ha invertido ya 3,2 millones de euros. Al mismo tiempo, ha reiterado hoy la necesidad de poner en marcha un tercer carril por cada sentido en la A-42, desde Parla a Casarrubuelos, al igual que un Bus-VAO hasta Madrid en esta misma vía y la A-1
Por último, Pérez ha demandado a la ministra que aumente la subvención nominativa del trasporte público madrileño, que lleva congelada en 126 millones de euros desde hace 9 años. «Todavía están a tiempo de cumplir con sus obligaciones, debiéndose establecer un procedimiento claro de reparto en función de la oferta y de la demanda que se registra en cada región», ha advertido, al tiempo que ha denunciado que «la Comunidad de Madrid tenga que seguir sufragando el 70% del importe del transporte público regional para garantizar la movilidad y la vertebración territorial».
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