España, sin un plan jurídico alternativo como sí tienen Francia o Alemania, 14 meses después del inicio de la pandemia
El caos se ha apoderado de España tras el fin del estado de alarma. Las comunidades tratan de imponer restricciones como el toque de queda que tumban los tribunales. Sólo Valencia y Baleares han logrado la ratificación judicial del toque de queda, y todas las regiones piden al Ejecutivo que legisle para evitar otra gran ola.
Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, ha sido especialmente duro al acusar a Sánchez de sembrar el caos en España tras el estado de alarma y le ha advertido de que «será el responsable si hay otra ola». «Con Sánchez pasamos del estado de alarma al caos», ha escrito el presidente de los populares en su cuenta de Twitter.
En la misma línea se ha expresado este fin de semana el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha lanzado al líder del Ejecutivo el siguiente dardo al no poder implementar medidas más restrictivas contra el virus: «Desde luego, si hubiera una gran ola, políticamente a algunos les puede suponer un adiós».
El Partido Popular lleva pidiendo desde el final de la primera ola una ley de pandemias que regule las distintas restricciones que aplican las comunidades autónomas sin tener que depender del estado de alarma, y el presidente del Gobierno prometió una ley para gestionar la crisis sanitaria pero no ha cumplido.
Ahora, tras las críticas de las comunidades, el Ejecutivo se abre a cambiar la ley, como pedía el PP, si el Supremo no avala los toques de queda autonómicos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dejado la puerta entreabierta en El País a la posibilidad de realizar modificaciones legales adicionales a través del Congreso.
El PP, por su parte, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso exigiendo al presidente del Gobierno convocar ya la Conferencia de Presidentes autonómicos, para que Pedro Sánchez les informe sobre las medidas que piensa adoptar tras la finalización del estado de alarma y si tiene una alternativa más allá del Supremo.
En este sentido, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha informado en una entrevista en la Cadena SER que su partido ha registrado una proposición de ley para cambiar la legislación y dar seguridad a las comunidades autónomas. Según ha añadido, la proposición del PP se puede debatir ya y «en 15 días se acaba con este caos».
«Lo tenemos muy fácil. El PP ha registrado una proposición de ley y en 15 días puede entrar en vigor. El Gobierno es que no tiene ni que hacer el trabajo, está registrada y consultada con los principales juristas de este país», ha señalado García Egea, que ha recordado que los populares registraron un plan B jurídico en el Congreso que Sánchez ignoró.
Son los últimos movimientos políticos tras las concentraciones multitudinarias que se han vivido este fin de semana en diferentes ciudades del país como Madrid, Barcelona, Sevilla o Salamanca para celebrar el fin de la alarma con botellones e incumpliendo todas las medidas de seguridad pese a que el virus sigue ahí.
Sólo en Madrid, la Policía Municipal ha impuesto 650 sanciones por botellones en la calle desde el decaimiento del estado de alarma. El Ayuntamiento de la capital, en palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís, asegura que «no puede presidir España» y reclama una ley que «un año después» sigue sin llegar.
