Los de Puigdemont dejan claro en el acuerdo que la estabilidad de la legislatura depende de su cumplimiento
El PSOE de Pedro Sánchez y Junts, la derecha catalana independentista del prófugo Puigdemont, han llegado a un acuerdo este jueves para la investidura, de manera que los socialistas contarán con los votos de Junts a cambio de la amnistía para todas las personas involucradas en el proceso independentista, por todas las causas abiertas, incluidos los CDR, los violentos que cortaron carreteras y agredieron a la Policía.
En concreto, el texto del acuerdo -que comienza con la asunción por parte de los socialistas del relato de los independentistas sobre los hechos ocurridos en Cataluña-, dice que la futura ley de amnistía «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos». Posteriormente, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha explicado que la futura ley «cubre a la gente que está relacionada con el procés desde 2012 hasta hoy».
El acuerdo añade que «las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su curso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», añade el acuerdo. El propio Puigdemont definió el «lawfare» como «el uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial».
En el acuerdo se añade también la figura del verificador internacional. «PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue».
El pacto de socialistas e independentistas también recoge que «Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». «Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya», añade el texto, que abre la puerta a la negociación de un nuevo referéndum de independencia.
Otro de los puntos que se incluyen es que se «facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya», lo cual, con toda probabilidad generará agravio comparativo con el resto de comunidades que podrían exigir lo mismo. También se dice que «se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».
El acuerdo recoge además «la ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio».
Se acuerda, por último, según el texto, «la investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts, y la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los ámbitos señalados».
El documento oficial del acuerdo:
