El exministro socialista declarará el 12 de diciembre, De Aldama el 16, y Koldo el 17
El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente ha citado a declarar de forma voluntaria como investigado el próximo 12 de diciembre a las 10 de la mañana al exministro socialista de Transportes y diputado José Luis Ábalos Meco en la causa abierta contra él por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.
El instructor de esta causa afirma que con carácter previo a resolver sobre la procedencia de elevar el correspondiente suplicatorio a la presidencia del Congreso de los Diputados, ofrece al aforado esta posibilidad de declarar voluntariamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en aras de favorecer su derecho de defensa. A este fin, indica en su auto que, a través de su abogado, deberá manifestar a la mayor brevedad si va a acudir a la citada declaración, quedando, en caso contrario, sin efecto el señalamiento. Ábalos ya ha dicho que irá a declarar.
El magistrado también cita a declarar como investigados al empresario Víctor de Aldama Delgado el próximo 16 de diciembre a las 10 de la mañana y a Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro, el día 17 a la misma hora.
Conductas indisolubles
El instructor acuerda asumir la competencia para investigar a De Aldama y a García en relación con los hechos que están relacionados de forma «directa e inescindible» con los que pudiera haber protagonizado el aforado. Según el juez, los hechos que objetivamente conforman el perímetro de esta causa consisten en la adjudicación de contratos entre la Administración o entidades vinculadas a ella a empresas privadas o conductas equivalentes.
Según la exposición razonada, De Aldama sería la persona que en beneficio propio y de terceros, a través de determinados pagos o de contraprestaciones económicas y aprovechando su influencia sobre Koldo García y sobre el propio José Luis Ábalos, «habría logrado para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos, fundamentalmente con las entidades Puertos del Estado y ADIF, pero también con otras administraciones o entidades a ella vinculadas».
Respecto a Koldo García, asesor del entonces ministro, según los indicios que revelan las investigaciones realizadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, se trataría de la persona que podría haber actuado como enlace entre la Administración o entidades vinculadas a ella a empresas privadas o conductas equivalentes, es decir, entre Víctor de Aldama y José Luis Ábalos.
El instructor indica que los pagos que De Aldama, «siempre en los términos indiciarios que resultan propios de esta muy incipiente fase de la investigación, podría haber realizado a los dos primeros, aparecen en el escenario fáctico inescindiblemente vinculados a los cobros, como igualmente no resulta factible desconectar las gestiones intermediadoras que se atribuyen al Sr. García del efecto que las mismas pudieran haber proyectado sobre la persona del aforado. Fácilmente se comprenderá el indisoluble vínculo entre unas y otras imputaciones si se repara en la que resultaría inconciliable coexistencia de resoluciones diversas en alguna de las cuales se descartara, por ejemplo, la existencia de los pagos, mientras otras proclamaran la realidad de los cobros».
Señala que el Juzgado Central de Instrucción nº 2 debe continuar con la investigación de las diligencias previas respecto a todos los demás investigados en ellas, además de otros hechos diversos, que no guarden relación con el aforado, y que pudieran atribuirse a De Aldama y García, como, por ejemplo, delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales.
Por último, el instructor da un plazo de tres días a las seis acusaciones populares -Partido Popular, partido político Vox, Hazteoir.org, asociación Liberum, sindicato Manos Limpias y Asociación de Abogados Demócratas por Europa-, a las que tiene personadas provisionalmente en la causa, para que informen en relación con la previsión legal de acumular a todas ellas en una única acusación.
