El delegado del Gobierno en Madrid ha defendido que no puede ser responsable del 8M y que en aquel momento siguió lo que le decían los expertos sanitarios
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha declarado este miércoles por la tarde, durante hora y media, en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ante la magistrada Carmen Rodríguez-Medel que le imputa un presunto delito de prevaricación por permitir la manifestación feminista del 8M y otros eventos, pese a las alertas que desaconsejaban las concentraciones multitudinarias.
El delegado del Gobierno ha asegurado ante la juez que «no había ningún elemento» en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a «prohibir el ejercicio de un derecho fundamental», como es el derecho de manifestación, por lo que «no puedo ser responsable del 8M» ha defendido Franco ante los medios tras concluir su declaración.
El también líder del PSOE en la región ha señalado que «no está acreditado bajo ningún concepto» que el incremento de casos de coronavirus que se dio el día 9 «tuviera que ver con la manifestación del día 8».
Franco ha justificado que «se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer».
La declaración de Franco contrasta con el informe de la Guardia Civil y el del forense del juzgado. Ambos escritos apuntan que el Gobierno conocía el peligro del coronavirus por esas fechas, en las que ya había contagios y fallecidos, y aún así decidió celebrar y promover la manifestación del Día de la Mujer.
La juez, además, en su último auto defendía la «utilidad» del informe forense, del que reniega la Abogacía, que concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la «gravedad» de la situación de la epidemia pero la minimizaron.
Franco ha prestado declaración a las 15.30 horas y después han comparecido en el juzgado, como testigos, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
Tras rechazar el archivo de la causa que pedían la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a Franco, la magistrada recalcaba en su último auto que ha habido «reticencias» y «demoras injustificadas» por parte del Gobierno a la hora de entregar la documentación requerida por orden judicial de forma reiterada.
