El diario ABC ha tenido acceso a parte del informe clave que le ha costado la imputación al delegado del Gobierno y el puesto al jefe de la Guardia Civil de Madrid
El delegado del Gobierno en Madrid y líder del PSOE en la región, José Manuel Franco, tendrá que declarar como investigado, el próximo 5 de junio, por un presunto delito inicial de prevaricación, por permitir las manifestaciones del 8M pese al riesgo de contagio por coronavirus, como contamos aquí.
La citación judicial se conocía después del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, por parte del ministro del Interior, el exjuez Fernando Grande-Marlaska. Interior alegó «pérdida de confianza», pero más tarde se supo que la destitución se debe a que no trasladó a sus superiores los informes sobre la investigación del 8M porque la jueza le había ordenado esa reserva.
La advertencia de la jueza
Precisamente la magistrada, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a Interior en el que recuerda que la Policía Judicial, en virtud del artículo 126 de la Constitución, depende sólo de la Justicia y que debe «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones» que le hayan sido encomendadas.
Entre el atestado entregado por la Policía Judicial de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid se encuentra un documento, fechado el 28 de febrero, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno sobre el riesgo de contagio por coronavirus.
Pese a ello, no prohibió nada
Según ha revelado ABC, en ese documento se recoge que está elaborado «a partir de las recomendaciones sanitarias de las autoridades nacionales e internacionales» y se recomienda mantener el distanciamiento social de al menos un metro y el lavado de manos. Además dice que lo debería aplicar todo el personal de la Delegación del Gobierno y para ello se remitió por mail a toda la plantilla.
Pese a ello, recuerda el citado diario, el delegado del Gobierno, no prohibió ninguna de las grandes concentraciones celebradas en Madrid entre el 5 de marzo y el 14: un total de 130. Solo el día 8 tuvieron lugar 40, cuando ya constaba un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermades sobre el avance del COVID-19.
La reunión clave
Tampoco se adoptó ninguna medida de prevención, como se había recomendado en la propia Delegación del Gobierno, donde además se celebró el 27 de febrero la reunión para preparar el dispositivo de seguridad del 8M, cuyo contenido también ha sido pedido por Rodríguez-Medel.
Además, después de la manifestación multitudinaria del Día de la Mujer, cuando ya había muertos y un número considerable de contagios, se siguieron celebrando concentraciones en Madrid: 21 entre los días 11 y 14 de marzo, es decir, hasta el mismo día de la declaración del estado de la alarma.
Simón no teme ser investigado
El atestado de la Guardia Civil también apunta a posibles responsabilidades penales del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Preguntado por ello en la rueda de prensa de este lunes, Simón ha asegurado que no tiene «ningún temor» a que se le investigue por la gestión de la pandemia y que «dará toda la información que tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar». «El 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal», añadió.
Ayuso: «Buscan la sumisión»
La citación del delegado unida a la destitución de Pérez de los Cobos ha provocado numerosas reacciones desde el ámbito político y jurídico, y también desde la prensa. ABC titula hoy: «Marlaska contra la independencia judicial». El Mundo lleva en su portada: «Marlaska sabotea la investigación judicial sobre la marcha del 8M». Y El País también apunta a la arbitrariedad del ministro: «El jefe de la Guardia Civil en Madrid cae por un informe sobre el 8M que señalaba a Simón».
En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado al coronel y ha acusado al Gobierno de haber cruzado «una nueva línea roja». En su opinión, se trata de «una maniobra impropia de un sistema democrático que definitivamente hace saltar todas las alarmas. El Gobierno cruza una nueva línea roja y lanza un aviso a navegantes: Sánchez e Iglesias no quieren profesionales independientes, buscan la sumisión».
