El Gobierno pide el archivo de la causa abierta contra el delegado en Madrid por permitir el 8M
El perito forense del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid sostiene que es «cierto y seguro» que, de haberse impedido la manifestación feminista del 8M en Madrid, «se habría evitado una amplía difusión del coronavirus».
El informe del perito lo solicitó la jueza Carmen Rodríguez Mendel, la magistrada que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación, por haber permitido la manifestación y otros eventos como el mitin de Vox, desoyendo las alertas sanitarias ante el riesgo de contagio que por entonces se conocían, según la denuncia de un particular.
El informe, adelantado por El Español, recuerda que organismos como la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades «habían advertido, antes de las manifestaciones, sobre el riesgo para la salud de las personas que comportaba el coronavirus»
El perito también apunta que el 8 de mayo ya se sabía cómo se propagaba el virus. Es por eso que ya entonces los organismos internacionales recomendaban el «distanciamiento social». De hecho, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ya alertaba el 2 de marzo que era necesario el distanciamiento.
«Sabido es que dichos organismos comunican en tiempo y forma a los Estados miembros, entre los que se encuentra España, la evolución de la enfermedad y de las medidas que los Estados deben adoptar en prevención del riesgo o propagación de la enfermedad», señala el informe que, no obstante, añade que «no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar».
El Gobierno, que ha cifrado en 600.979 los asistentes a las diferentes manifestaciones que se celebraron el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer en todo el país (a excepción de Cataluña), ha presentado un recuso en el que solicita el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid y secretario general del PSOE en la región. En concreto, según El Confidencial, el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, se opone en apelación y reforma al auto en el que la magistrada daba inicio al procedimiento.
