La expresidenta de la perrera de Torremolinos fue condenada a tres años y nueve meses por el sacrificio masivo de mascotas
La expresidenta de la protectora Parque Animal, en Torremolinos (Málaga), condenada por maltrato animal, falsedad, intrusismo y sacrificio masivo de perros y gatos, ha ingresado en la prisión de Alcalá-Meco, derivada del Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid, adonde llegó de forma voluntaria.
La que fuera presidenta de la protectora fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por ejecutar sacrificios de animales sanos, sin control alguno de veterinario y siendo consciente del sufrimiento que infligía. Es, además, la primera mujer que entra en prisión en España por un delito de maltrato animal.
Su defensa ha pedido el indulto ante el Ministerio de Justicia esgrimiendo que la condenada padece varias enfermedades, pero la Fiscalía entiende que para la suspensión de la pena no basta acreditar tener una enfermedad grave.
El Ministerio Público señala que es necesario que se acredite que la enfermedad produce padecimientos incurables y que es de la suficiente gravedad como para hacerla incompatible con el cumplimiento de la pena de prisión en régimen penitenciario.
Por todo ello, el Fiscal mantiene que la acusada puede cumplir la pena en prisión porque las patologías alegadas no ponen en riesgo ni su vida ni su integridad física y añade que el precepto que permite no entrar es para enfermedades de mucha mayor gravedad e incompatibles con el régimen penitenciario.
Carmen Marín creó en 1996 la protectora Parque Animal, que tenía la concesión del Ayuntamiento de Torremolinos para recoger las mascotas abandonadas en el municipio.
Según la sentencia, los sacrificios de los animales se practicaron entre principios de 2008 y octubre de 2010, y tenían una finalidad lucrativa, porque el objetivo era crear espacio en las instalaciones para acoger nuevos animales, por los que se percibía una cantidad económica, como recoge el dictamen del Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga que la condena.
La misma sentencia afirma que Marín, que durante el juicio negó los hechos, impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente esas muertes con la colaboración de uno de sus trabajadores, sin control veterinario alguno y sin las dosis de anestesia necesarias para que el animal no sufra.
La protectora El Refugio, que ha ejercido la acusación popular, se ha mostrado satisfecha tras conocerse su ingreso en prisión.
