La Fiscalía solicita para el acusado cuatro años de prisión por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y otro de violación de secretos
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid juzga este miércoles a un inspector de Policía destinado en Coslada (Madrid) que se dedicaba a consultar sin permiso las bases de datos policiales para trasladar la información a amigos que así se lo habían pedido, entre los que se encontraba la dueña de un club de alterne situado en San Fernando de Henares.
El escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que A. P. C., un inspector de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la Comisaría Local de Coslada, que se jubiló durante la fase de instrucción judicial, procedió sin tener autorización a realizar hasta 1.339 consultas a las bases de datos policiales con fines particulares para facilitar la información a sus amigos.
Así, del 25 de octubre de 2019 al 18 de diciembre de 2019, el acusado habría efectuado hasta 153 consultas a las bases policiales «sin que ninguna de ellas estuviera justificada por razones del cargo o servicio» para divulgar la información a terceras personas ajenas al servicio policial, «entregándoles en mano las consultas impresas e incluso fuera de la Comisaria».
La Fiscalía cita como ejemplo que, a petición de una amiga suya que regentaba un club de alterne que él mismo solía frecuentar, realizó consultas sobre las denuncias de violencia de género, la ficha y antecedentes policiales de la expareja de la dueña del local, para entregárselas en persona en el club, situado en la localidad de San Fernando de Henares.
En otra ocasión se reunió en su despacho con una amiga abogada donde realizó 26 consultas en las bases de datos policiales que afectaban a datos personales de la letrada y de un abogado vinculado con la operación policial denominada El Bloque. El acusado también realizó consultas en las bases policiales a petición de distintos amigos relacionadas con datos personales, antecedentes policiales o de vehículos, sostiene el Ministerio Público.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión para A. P. C. El fiscal le imputa un delito de infidelidad en la custodia de documentos y otro de violación de secretos.
