Montero plantea que las mujeres con menstruaciones muy dolorosas tengan derecho a una baja de tres días, pero la parte socialista del Gobierno considera que la medida podría estigmatizar a las mujeres
El derecho a una baja de tres días para las mujeres que sufran menstruaciones muy dolorosas, contemplada en el borrador de la nueva Ley de Salud Sexual y del Aborto en la que trabaja el Ministro de Igualdad, que dirige Irene Montero, ha divido al Gobierno de coalición. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado que la posible baja está todavía «en discusión».
La nueva baja serviría para aquellas mujeres que una vez al mes sufren dolores incapacitantes (calambres, palpitaciones, dolores en la espalda, sensación de cólico en todo el cuerpo, dolor de cabeza, nauseas, diarrea…) puedan ausentarse de su puesto de trabajo durante un máximo de tres días al mes prorrogables por otros dos.
Sin embargo, la medida no cuenta con el respaldo de yodo el Ejecutivo. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dejado claro que el Gobierno «no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres». Calviño ha informado de que se está trabajando en muchos borradores sobre esta ley.
Una opinión que no comparte, sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien no cree que la baja por menstruación vaya a suponer una estigmatización para las mujeres: «Estigmatiza no tener sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes y que el mundo laboral no es neutro», ha defendido.
Entre los sindicatos también hay división sobre esta medida. Desde UGT piden abordar este asunto en el marco del diálogo social porque consideran que se trata de un tema «complejo» y creen necesario evitar que se pueda «estigmatizar a las mujeres». Por el contrario, desde CCOO consideran que esa baja estaría «perfectamente justificada» si el dolor inhabilita a la mujer para trabajar.
La medida estaría dentro de la nueva Ley de Salud Sexual y del Aborto que, entre otras cosas, garantizará la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y acabará con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años. La norma también pretende considerar como un tipo de violencia los vientres de alquiler.
Otra de las medidas que se plantea es rebajar el IVA del 10% que soportan los productos de salud menstrual y de higiene femenina, así como el reparto gratuito en centros educativos de productos de higiene femenina. El borrador establece la aplicación del tipo del 0% del IVA a compresas, tampones y también pañales para bebés y otros artículos para la incontinencia.
Otro de las ideas es que las embarazadas tengan derecho, a partir de la semana 36 de gestación y hasta que den a luz, a un permiso retribuido y universal con el fin de proteger la salud materna, y que sea independiente al reconocido tras el nacimiento del bebé. El borrador, además, prevé la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales para los casos de aborto.
