La compra de mascarillas relacionada con el hermano de Isabel Díaz Ayuso fue legal
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, órgano de control externo al que corresponde el control económico presupuestario de la región, no aprecia irregularidades en el contrato de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y por el que cobró una comisión de la empresa adjudicataria con la que tenía una relación comercial.
El informe emitido este miércoles por la Cámara concluye que «la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico» ante una situación de «enorme dificultad para acceder al mercado incluso mediante la utilización del procedimiento de emergencia» y que supuso «un reto de gestión».
«La imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia (EPIS, mascarillas, respiradores, guantes, etc.) tanto en España como en otros países, implicaba una enorme indeterminación en cuanto a la negociación y fijación de los precios, plazos de entrega o calidades», señala el órgano fiscalizador.
La Cámara de Cuenta ha analizado un total de 4.448 contratos tramitados por procedimiento de emergencia por la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2020, y referentes a la crisis sanitaria de la Covid-19, por un importe total de adjudicación con IVA de 943.441.168,49 euros. De los 4.448 contratos, 159 corresponden a obras, 3.622 a suministros y 667 a servicios.
Entre esos contratos se encuentra el adjudicado a la empresa Priviet Sportive SL para la compra en China de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros que fueron distribuidas al pabellón 10 de Ifema, por el que el hermano de la presidenta cobró una comisión, y en el que la Cámara de Cuentas no detecta ninguna irregularidad.
De esta manera, el órgano de control certifica lo que ha venido defendiendo Ayuso en numerosas ocasiones, que dicho contrato se realizó de manera correcta. La presidenta regional ya dijo en su momento que ni ella ni su Gobierno han intervenido «para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie» de su entorno.
Ayuso confirmó que su hermano cobró 55.850 euros como «contraprestación por su trabajo» como comercial en el sector sanitario, en el que lleva trabajando 26 años y «es proveedor de material sanitario desde siempre». «Si yo hubiera sabido de ese contrato, si cumple todos los requisitos legales no podría haber dicho que no, entre otras cosas porque se consiguieron mascarillas a mitad de precio cuando no había».
En su informe, la Cámara explica que la fiscalización de los contratos tramitados mediante el procedimiento de emergencia se ha centrado en el examen de la justificación de la emergencia, la dación de cuentas al Consejo de Gobierno, el plazo de inicio de la prestación, la adecuación del importe de la prestación al gasto previsto, la adecuación de la prestación a la necesidad prevista y la publicidad en el perfil de contratante.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández- Lasquetty, ha valorado la decisión de la Cámara de Cuentas, ratificando la legalidad de los contratos de emergencia del Gobierno regional durante la pandemia.
