El Gobierno regional aprueba la Ley de Autonomía Financiera para blindar su política económica y fiscal ante la armonización fiscal del Gobierno de España
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión de hoy, el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera para blindar su política económica y fiscal de la que prepara el Gobierno de España y que supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos. El objetivo es proteger los derechos reconocidos en esta materia a la región a través de la Constitución española -artículo 156- y su Estatuto de Autonomía –artículo 51-, destaca el Ejecutivo autonómico.
Así, la Comunidad de Madrid podrá salvaguardar el ejercicio de su autonomía financiera, tanto desde la vertiente de los gastos como de los ingresos, imponiendo a los poderes públicos regionales su defensa de cualquier intento de menoscabarla.
En este sentido, se obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores del Gobierno y la Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance en la legislación nacional, europea o internacional, ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera de la región.
La norma regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.
Asimismo, se garantiza la transparencia en la información sobre la actividad financiera de la Comunidad de Madrid y el funcionamiento y control de la actuación pública tributaria. De este modo, se informará a los ciudadanos madrileños, entre otros aspectos, del destino final de la aportación que realizan a los ingresos públicos, o de su situación tributaria en relación con otras comunidades autónomas o, en su caso, regiones extranjeras.
Con la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera y Fiscal, que se inicia ahora su tramitación legislativa para su aprobación en la Asamblea de Madrid, la Comunidad de Madrid se dota de un nuevo instrumento jurídico que le permitirá salvaguardar sus competencias en materia tributaria y hacer frente a una denominada armonización fiscal. «Esta iniciativa del Gobierno de la nación sólo busca subir los impuestos a los madrileños y mermar la libertad de la región para gestionar su economía», subrayan desde el Gobierno regional.
«El libre ejercicio de esa autonomía financiera, gracias a 17 años de bajadas fiscales por los sucesivos gobiernos regionales, ha permitido un ahorro cercano a los 53.000 millones de euros, es decir, 16.500 euros por contribuyente», añaden las mismas fuentes.
«Además, los impuestos bajos, junto a una política de gasto eficiente y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, han convertido a Madrid en la mayor economía de España, siendo la región que más aporta al PIB nacional, con un 19,3% en 2019, según la contabilidad regional del INE. Madrid es también, con diferencia, la comunidad más atractiva para la inversión extranjera, atrayendo el 73,3% del total estatal en el tercer trimestre de 2021», concluye el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de una ley que ya anunció la presidenta tanto en su investidura como en septiembre de 2021 con el fin de «proteger» la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Ayer, durante el acto de presentación del libro Liberalismo a la madrileña, escrito por el analista económico Diego Sánchez de la Cruz, aseguró que su Gobierno «no va a permitir que se suban los impuestos ni que nadie los suba por la puerta de atrás, porque si se suben, el capital se irá de España». «Ningún país prospera atentando directamente contra su capital. Este ataque sólo ocurre en España», señaló Ayuso, quien además afirmó que «la libertad siempre funciona, por eso es el objetivo de ataque de quienes quieren acabar con las sociedades libres e iguales ante la ley».
Desde el Ejecutivo madrileño inciden en que la nueva ley «pretende dar cobertura ante la armonización fiscal del Gobierno de España, que establece unos topes en el caso de que una comunidad quiera bajar impuestos», una armonización que, a juicio del Gobierno de Ayuso, lo que quiere es «reducir el margen de las comunidades y poner unos límites para obligar a las que han bajado los impuestos a subirlos». Por ello, desde el punto de vista constitucional, la ley autonómica tratará de «dar cobertura a las competencias cedidas en el 96 y ejercidas con libertad desde los parlamentos regionales, además de dar el derecho a los ciudadanos de Madrid de saber en qué gasta la Administración los impuestos que pagan».
