La delegada del Gobierno pide perdón al colectivo LGTBI por los insultos y amenazas que se escucharon
La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación a raíz de los hechos acaecidos durante la manifestación del pasado sábado en el barrio madrileño de Chueca donde un grupo de manifestantes profirió consignas como «fuera sidosos de Madrid» o «fuera maricas de nuestros barrios».
El Ministerio Público ha tomado esta decisión por iniciativa propia y ya ha oficiado sendos informes a la Brigada Provincial de Información y a la Delegación del Gobierno en Madrid para que recaben información sobre si lo acontecido durante la marcha convocada por el grupo Madrid Seguro para protestar contra las agendas 2030/2050 es constitutivo de un delito de odio.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya adelantó en Twitter que el Gobierno llevaría ante la Fiscalía «el odio LGTBIfóbico y racista de la manifestación nazi» celebrada en Chueca. «Además estamos tramitando con urgencia la Ley Trans y de derechos LGTBI, que es lo que permite blindar derechos. Colectivos y personas LGTBI, no estáis solas», dijo la ministra.
Por su parte la Delegación del Gobierno en Madrid va a interponer sanciones administrativas a los convocantes de la manifestación del sábado en Chueca, en la que se profirieron consignas homófobas, por haber «engañado» en el motivo de su marcha, ya que comunicaron que lo harían contra la agenda 2030 y finalmente arremetieron contra el colectivo LGTBI.
Así ha anunciado la delegada, Mercedes González, que ha tildado de «lamentable» lo sucedido y ha pedido perdón al colectivo LGTBI por los insultos y amenazas que se escucharon. «Siento en el alma que hayan tenido que vivir en sus calles esas imágenes tan absolutamente lamentables», ha dicho González, que ha explicado que la Delegación «no autoriza manifestaciones».
Según sus palabras, a la Delegación simplemente se le comunican las convocatorias que haya, de acuerdo al derecho de manifestación de la Constitución. Ha dicho la delegada que tampoco «tenía ninguna posibilidad de prohibir la manifestación», porque no había dato alguno que indicará que «iba a acabar cómo acabó».
Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid recuerdan al Gobierno que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden disolver una manifestación si en ella se cometen delitos penales o se usan uniformen paramilitares. El consejero de Justicia, Enrique López, cree que la Delegación podría haberla disuelto al constatar que se estaban cometiendo delitos de odio.
López también ha calificado de «absolutamente vergonzoso que desde la izquierda se quiera causalizar ese tipo de actos para abusar como siempre e imputar a fuerzas políticas algún tipo de responsabilidad y relación». «No no se puede utilizar hechos de este tipo desde la izquierda para hacer responsables a políticos de la derecha de estos hechos. Es deleznable, absolutamente insultante. Ya está bien», ha dicho.
La manifestación se saldó con un detenido y contó con el rechazo de todos los grupos políticos, incluido Vox. Su presidente, Santiago Abascal, calificó al grupo de neonazis como una «banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español» y subrayó que eso «apesta a cloaca socialista».
IU y Más Madrid han pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, la socialista Mercedes González, por permitir la manifestación. IU lo ha hecho a través de un comunicado en el que asegura que la marcha «provocó miedo y desazón» entre los vecinos del barrio. Desde Más Madrid ha sido el concejal Félix López-Rey quien ha pedido la dimisión de González a través de Twitter.
