El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de que las víctimas por COVID-19 en la región han sido realmente 1.921 y no 1.132 como se había contado oficialmente
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado este lunes de las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región con motivo de la situación originada por la pandemia del COVID-19, tasando en 1.921 las firmadas, un cifra superior a los 1.132 fallecidos oficiales registrados por la estadística ofrecida este lunes por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno regional con respecto a la comunidad autónoma, lo que supone un 69,7% más.
Según el TSJCLM, en Guadalajara la cifra de fallecidos por coronavirus o con sospechas se elevaría hasta los 222 frente a los 124 contabilizados este lunes por el Gobierno nacional y autonómico.
En un comunicado, el TSJCM explica que estas actuaciones de conteo se inician a raíz de las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, en las que se apreciaba un desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.
De igual modo, se pusieron de manifiesto, desde un primer momento, dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus.
Todo ello debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma.
Todas estas circunstancias llevaron a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia a solicitar información a los jueces encargados de los registros civiles de Castilla-La Mancha sobre las licencias de enterramiento expedidas. Los datos recibidos ponen de manifiesto que las defunciones en Castilla-La Mancha en marzo de 2020 se han incrementado un 96,3% con respecto a las ocurridas en el mismo periodo del año anterior. En concreto, los registros civiles de Castilla-La Mancha han expedido el pasado mes de marzo 3.319 licencias de enterramiento cuando en marzo de 2019 se registraron 1.691 defunciones.
Y de ese número de 3.319, en 1.921 licencias de enterramiento, el 57,9%, se recoge como causa del fallecimiento COVID-19 o sospecha compatible, referenciando como sospecha aquellos supuestos en los que se recoge dicha probabilidad o sospecha en la certificación médica o existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa.
Como consecuencia de estos datos, se ha dictado Acuerdo por la Presidencia del Alto Tribunal dirigiendo prevención a los Jueces Encargados de los Registros Civiles para que, en lo sucesivo, se vele para que se haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus.
En el expediente gubernativo abierto por el TSJCLM se encomienda a los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, y a los médicos forenses, la colaboración necesaria con los registros civiles para que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en los supuestos de las defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020 en los que aparecieran sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID-19.
Se ha acordado trasladar este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El TSJCM resalta igualmente la función que están realizando los jueces encargados de los registros civiles y los funcionarios y personal a su servicio, así como la de los juzgados de guardia que ejercen como registros fuera del horario de los mismos, muchas veces sin medios de protección individual, según publica Voz Pópuli.
