Las víctimas, de diversas nacionalidades, entre las que se encontraban dos bebés de menos de un año, habitaban en un restaurante en espacio de apenas un metro y medio de largo por 400 euros al mes
Agentes de la Policía Nacional han liberado a 20 ciudadanos que vivían confinados en condiciones infrahumanas en un restaurante del madrileño barrio de San Blas. Las víctimas, de diversas nacionalidades, entre las que se encontraban dos bebés de menos de un año, habitaban en un restaurante en espacios de apenas un metro y medio de largo por el que pagaban 400 euros al mes.
Cuando no podían hacer frente al pago exigido eran sometidas a coacciones, impidiéndoles el acceso obligándoles a dormir en espacios aún más reducidos e incluso les amenazaban con contagiarles la enfermedad el COVID.19.
Se ha detenido a dos personas, la propietaria del restaurante y el dueño del inmueble, a los que se imputan delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, coacciones y delito contra la salud pública.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron que en el interior de un restaurante, que había cesado su actividad comercial, podrían estar alojadas varias personas sin hogar en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Por este motivo los investigadores elaboraron un dispositivo para realizar una inspección en el interior del establecimiento, encontrando en él a un total de 20 personas de distintas nacionalidades (España, Bangaldesh, Colombia, Filipinas, Honduras, Perú, Portugal y Venezuela), entre las que se encontraban dos bebés de menos de un año de edad.
Los investigadores detectaron que las víctimas vivían en el interior del establecimiento en condiciones insalubres, hacinadas en espacios muy reducidos y no aptos para la habitabilidad. Los responsables habían instalado colchones en la barra del bar, en la cocina bajo la campana extractora o en el patio trasero, separando cada habitáculo por cartones o plásticos.
Las investigaciones permitieron averiguar que la propietaria del negocio, una vez había cesado la actividad comercial, arrendó pequeños espacios a personas con dificultades económicas por 400 euros al mes.
También detectaron que en el caso de que alguna de las víctimas no pudiera efectuar el pago integro del alquiler, les impedía el acceso a los suministros básicos y les trasladaba a espacios aún más reducidos como pequeños aseos o incluso a una cámara frigorífica.
Además para amedrentar aún más a las víctimas, manifestaba ser portadora del COVID-19 y tosía y estornudaba sobre los platos y otros enseres cuando se encontraban en la hora de la comida.
Tras identificar y localizar a la propietaria del restaurante, los agentes la arrestaron como presunta responsable de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, coacciones y un delito contra la salud pública. Además gestiones posteriores permitieron detectar que el propietario del inmueble era conocedor de las prácticas de la arrestada, por lo que también fue detenido como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.
Las investigaciones continúan abiertas ya que no se descarta la existencia de otras personas implicadas, ya que alguna de las víctimas se encontraba empadronada en el negocio de hostelería.
