Los canes intervenidos por la Policía en dos criaderos ilegales se encuentran a cargo de protectoras a la espera de la decisión judicial
La FAPAM (Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid) y ANAA (Asociación Nacional Amigos de los Animales) se han hecho cargo de 270 perros de raza chihuahua, pomerania y caniche incautados por la Policía Nacional en dos criaderos ilegales en Meco y Arganda del Rey (Madrid).
De la custodia, cuidados y atención veterinaria de todos estos perros se ha hecho cargo FAPAM y ANAA. «Por el momento y a la espera de la decisión judicial no es posible la adopción de ninguno de los perros y además psicológicamente necesitan ser rehabilitados, a consecuencia entre del confinamiento y hacinamiento al que han sido sometidos», explican en un comunicado.
Además, FAPAM y ANAA anuncian que se personarán como acusación particular en el procedimiento judicial, «confiando en que los responsables de tanto sufrimiento paguen por sus actuaciones y que sea una condena ejemplarizante».
Según denuncian, «este caso, y otros muchos en los que FAPAM y ANAA intervienen, es lo que suele definirse como una fábrica de cachorros, ya que en sus instalaciones, deficientes higiénica y etológicamente, se hacinan cientos de perros de muchas razas y algunas de las hembras son sometidas a varias cesáreas, reventado sus cuerpos al criar. Sin un programa de cría responsable que implica la selección de los perros para favorecer que se mantengan las características positivas y evitar problemas hereditarios; sin protocolos higiénico-sanitarios ni veterinarios responsables que dieran un trato individualizado a los animales; sin un plan de vacunaciones, entre otras muchas deficiencias y sin un trato y condiciones que favorecieran la correcta socialización de los cientos de cachorros que vende».
Estas fábricas de cachorros, señalan, «no existirían si hubiera más conciencia entre la ciudadanía y a la hora de adquirir un animal de compañía no se colaborara con la explotación de animales y se diera una oportunidad a los miles de animales que se abandonan en España».
Para FAPAM y ANAA «es fundamental que operativos como éste que ha llevado a cabo la Policía Nacional sirvan de ejemplo para que se actúe de manera contundente y se inspeccione y se persiga cualquier actividad de este tipo para conseguir que estos negocios basados en el maltrato y explotación animal desaparezcan. También es indispensable la colaboración ciudadana para alertar de lugares como este, las denuncias de las personas que son conocedoras de estos delitos son fundamentales y además es un deber de cualquier ciudadano poner en conocimiento de las autoridades hechos como estos».
Algunos animales tenían las cuerdas vocales seccionadas, posiblemente para no alertar a los vecinos con sus ladridos
Como contamos aquí en MiraCorredor, los animales eran distribuidos por toda la geografía española previo anuncio y contacto a través de una página web.
Los perros estaban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad, además de que la cría indiscriminada sin ningún tipo de control veterinario había generado múltiples afecciones a las hembras.
Entre los canes intervenidos, los agentes hallaron dos crías muertas, congeladas y envueltas en papel de periódico y a algunos animales les habían cortado las cuerdas vocales, posiblemente para que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos de la existencia de un criadero ilegal de perros en la urbanización.
En la operación fueron detenidas cinco personas, entre las que se encuentra una pareja que encabezaba el grupo, residente en Arganda del Rey y considerada como unos de los principales distribuidores de perros a nivel europeo de raza chihuahua y pomerania. También fue arrestado un experto informático que se encargaba de la estrategia comercial a través de campañas de marketing y publicidad por redes sociales.
Finalmente fueron detenidos dos veterinarios cuya actividad principal consistía en dotar a los perros que se vendían de una apariencia de legalidad, facilitando cartillas selladas por los centros veterinarios pero sin rellenar, al objeto de que los máximos responsables las adecuaran a sus necesidades. También facilitaban el acceso del criador a medicamentos de uso veterinario y al instrumental pertinente para que fuera él mismo quien les pusiera el chip preceptivo de identificación antes de vender el animal.
Tras el análisis de la documentación, la Policía Nacional ha determinado que el grupo llevaría operando más de una década y que habría obtenido unos beneficios superiores a los dos millones de euros.
