Los 35 trabajadores despedidos en pleno estado de alarma, 27 de ellos con discapacidad, ni siquiera han cobrado todavía los salarios de febrero, marzo y abril
Los trabajadores de la Fundación Número 1 impugnaran judicialmente el despido y se movilizarán contra el cierre de la fundación y sus despidos. «Esta batalla no ha acabado con el despido de los trabajadores. Se manifestarán en cuanto se pueda y reclamarán que la alcaldía y el Ayuntamiento les reconozca sus más elementales derechos: su empleo, sus salarios y el derecho al trabajo de las personas minusválidas», señala el abogado de los trabajadores, Luis Suárez Machota.
El viernes día 8 de mayo, la representación de la fundación, presidida por el alcalde del PSOE, Javier Rodríguez, concluyó el plazo de 15 días negociación del periodo de consultas del despido colectivo de los 35 trabajadores, de los que 27 son minusválidos, sin llegar a ningún acuerdo en el ERE de despido y cierre propuesto por el alcalde el pasado 8 de abril. El patronato aprobó la propuesta del alcalde con los votos de los concejales en representación del PSOE, de Ciudadanos y de la UGT, y los votos en contra de los representantes de PP, Unidas Podemos y la abstención de VOX.
El abogado denuncia que «el Ayuntamiento (único dueño de la dotación patrimonial de la fundación) se ha mantenido firme e inamovible en el rechazo de la propuesta de los trabajadores de hacer un ERTE por tres meses, nombrar una dirección profesional y hacer un plan de viabilidad, con los cambios necesarios, incluidos los laborales y abordando la capitalización de la fundación para hacer frente al crédito hipotecario de Aval Madrid, cuyo coste ha sido uno de los pretextos para cerrar la fundación y del que está pagado más de dos tercios, quedando pendiente la amortización futura hasta 2024».
«Ni siquiera la crisis del COVID-19, ni el estado de alarma ha parado la decisión del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, quien, sin duda se ha aprovechado de la situación creada por la crisis, con dos circunstancias evidentes: la opinión está centrada en la pandemia, lo que oculta los demás problemas, y entre ellos, el que es el único alcalde que ha hecho un ERE, contra la política de su propio Gobierno del PSOE; y por otro lado, los trabajadores están confinados, sin derecho de manifestación ni reunión y además algunos de ellos son personas de riesgo», añade Suárez Machota.
Según explica el representante de los trabajadores, «la propuesta del Ayuntamiento ha sido realizar los 35 despidos y una indemnización de 28 días de salario por año trabajado, sin embargo ni se compromete a fijar fecha de pago de las indemnización, ni de los salarios adeudados, ya que remite a los trabajadores a cobrar del precio de la liquidación de la fundación, con la venta de su edificio, sobre el que el Ayuntamiento tiene un derecho de tanteo y de retracto, en el caso de venta forzosa (es decir, subasta judicial)».
Los trabajadores consideran «socialmente inmoral la decisión del alcalde de cerrar, no pagar los salarios adeudados de febrero, marzo y abril y de no dar fecha de pago de las indemnizaciones y hacerlo durante el estado de alarma». «Cerrar la Fundación Número 1 es renunciar a sus fines: para promocionar e integrar laboralmente a las personas discapacitadas en un entorno de crisis económica, con aumento del paro obrero», concluye el abogado, quien lamenta que algunas familias están pasando «necesidades para comer».
