El Gobierno retomará en el inicio del curso político el debate sobre el plan remitido a Bruselas
La Comunidad de Madrid rechaza el sistema de cobro en las autovías que quiere imponer el Gobierno central y se opondrá a la medida porque cree que «se debe apoyar a todos los sectores que puedan generar empleo y riqueza», ha dicho este lunes el consejero de Transportes e Infraestructuras madrileño, David Pérez.
La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, retomará en el inicio del curso político el debate sobre el plan remitido por el Gobierno a Bruselas la pasada primavera para el cobro por el uso de las autovías, hasta ahora gratuitas, a partir de 2024. El Ejecutivo de Sánchez abre la puerta también a que cualquier carretera del país pueda ser de peaje.
A este respecto, Pérez considera que con esto el sector de los transportes sería el más afectado y considera que «se debe hacer lo contrario, que es crear incentivos y apoyar a estos sectores». Además, el consejero madrileño ha recordado que las economías domésticas «no están para que se les cobren estas cantidades después de la subida de impuestos».
«Si se trata de reducir el gasto público, el PSOE tiene muchísimo por donde empezar, antes de meterse con las familias y los trabajadores», ha lanzado Pérez, para a continuación sugerir al Gobierno central que comience a recortar el gasto en Cataluña, «de muchas actuaciones que van para el independentismo» o «el gasto desmesurado de una administración que no para de crecer».
El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, estableciendo «tarifas asumibles pero que garanticen la financiación». Una propuesta basada en los principios de «quien contamina paga» y «el que usa paga». Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización».
No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto remitido a Bruselas aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.
En este sentido, el Gobierno justifica la medida en la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte, pero la principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras. El Ejecutivo también aclara que el sistema podría ser «escalable y progresivo», pudiendo llegar a todas las carreteras.
