La nueva Ley de Vivienda introduce un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024
El Gobierno de PSOE y Podemos ha llegado a un acuerdo con ERC y EH Bildu para aprobar la Ley de Vivienda que introduce un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024. En 2023 se aplicará el límite del 2 % en vigor, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice «más estable e inferior a la evolución del IPC».
Por otro lado, el acuerdo incorpora cambios en la definición de gran tenedor, de modo que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco que finalmente se incluirán en la nueva ley.
Así, los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada, se considerarán grandes tenedores y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con lo que se pretende evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles de los fondos «buitre» y demás fondos de inversión, según informa Efe.
En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, «una demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos», según ERC y EH Bildu. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años.
Además, se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables, y las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.
Por primera vez se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar, según la nueva norma.
El acuerdo conocido hoy también contempla medidas de protección a los inquilinos: los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario; se prohíbe aumentar el alquiler por la vía de nuevos gastos y se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes.
