Sánchez gobernará en coalición con Pablo Iglesias
Pedro Sánchez ha logrado ser investido presidente del Gobierno de España este martes en la segunda votación del Congreso de los Diputados, por sólo dos votos de diferencia.
En la votación, el socialista ha obtenido 167 votos a favor frente a 165 en contra: 120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos, 6 del PNV, 3 de Más País-Equo-Compromís y 3 de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Por el contrario, el bloque del no ha sumado 165 escaños: 88 del PP, 52 de Vox, 10 de Ciudadanos, 8 de Junts per Catalunya, 2 de la CUP, 2 de Unión del Pueblo Navarro (UPN), 1 de Foro Asturias, 1 del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y 1 más de Coalición Canaria, cuya portavoz se ha mantenido en el no pese a que su formación había acordado la abstención.
Además se han producido 18 abstenciones: 13 de los disputados de Esquerra Republicana (ERC) y 5 de los de EH Bildu.
Sánchez podrá gobernar, por tanto, en coalición con Pablo Iglesias, que asumirá la vicepresidencia de Derechos Sociales.
La formación morada controlará, además, varias carteras del nuevo ejecutivo, todas ellas del ámbito social como Universidades, Consumo, Igualdad y Trabajo, según adelantó El País.
✅ El #Pleno otorga su confianza a Pedro Sánchez @sanchezcastejon quien, con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, queda investido presidente del Gobierno. pic.twitter.com/kcBYjzSFeo
— Congreso (@Congreso_Es) 7 de enero de 2020
Los 10 puntos del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos
1. Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad.
2. Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación – incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años-, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.
3. Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.
4. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital.
5. Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad.
6. Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.
7. Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral.
8. Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.
9. Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.
10. Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero.
