Sánchez, Simón, Illa… son algunos de los nombres contra los que se han presentado denuncias por presuntos delitos de prevaricación, homicidios y lesiones por imprudencia
Al Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, se le acumulan las querellas tras varias presentadas en los últimos días por su gestión de la crisis del coronavirus. Estas van dirigidas contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y el experto Fernando Simón, entre otros. Y no solo en España, en Francia tres médicos, en representación de un grupo de afectados por el coronavirus, han presentado la primera querella contra el Gobierno de Macron por celebrar la primera vuelta de las elecciones municipales a pesar de que «eran conscientes del peligro y tenían los medios de acción, que sin embargo decidieron no ejercer», según publica Le Monde.
Aquí en nuestro país son ya más de una. La que va dirigida contra el presidente del Ejecutivo ha sido presentada ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado, y pretende incluir a los afectados por el coronavirus que lo deseen. El Alto Tribunal debe decidir ahora si la admite a trámite.
El abogado Víctor Valladares, que ha presentado la denuncia en calidad de particular, solicita al Supremo que investigue a Sánchez por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir eventos multitudinarios el fin de semana del 8M, cuando se celebró la manifestación del Día de la Mujer y el mitin de Vox en Vistalegre, a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades del día 2 de marzo por la expansión del coronavirus, que deja ya en España más de 8.000 muertos y cerca de 100.000 contagiados , de ellos, al menos 12.500 son sanitarios.
Por los mismos delitos el mismo abogado presentó una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, contra quien la jueza abrió diligencias, como contamos aquí en MiraCorredor.
Contra Franco también ha presentado una querella cirminal el sindicato de funcionarios Manos Limpias, por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente, de lesiones y de prevaricación, por permitir que se celebraran los eventos de ese fin de semana, entre ellos la marcha del 8M, a la que asistieron 120.000 personas.
El ministro Illa y Fernando Simón.
Además, el sindicato de funcionarios CSIF ha presentado otra denuncia, esta contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, «como máxima autoridad del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus».
En concreto, CSIF considera que «la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección» con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud, pueden ser constitutivas de «delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente».
También se querella contra el ministro de Sanidad en el Supremo la recién constituida Plataforma de Afectados por la Pandemia, nacida en Madrid y presidida por Carmen Balfagón y que se presenta como independiente. La plataforma considera a Illa presunto autor de un «delito de salud pública por imprudencia grave» por la «mala gestión y falta de transparencia en la crisis sanitaria, que ha supuesto la propagación del coronavirus en nuestro país».
Y tampoco se libran el experto Fernando Simón y otros altos cargos del Ministerio de Sanidad. La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena ha presentado en Madrid una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio; y el secretario General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco.
Esta asociación pide que sean investigados por supuestos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia por su gestión durante esta crisis, en base a los artículos 142.1 y 152.1.1 del Código Penal, al considerar que tenían conocimiento de la situación de la pandemia y «no solo no avisaron del peligro a la población sino que animaron a acudir a eventos de masas no informando al Gobierno, como era su obligación, tal y como mantiene su presidente», Pedro Sánchez.
