Las cuatro asociaciones judiciales de España muestran su rechazo al acuerdo por las referencias al «lawfare o judicialización de la política» y sus consecuencias
Todas las asociaciones judiciales de España, tanto las llamadas conservadoras como las llamadas progresistas, han firmado un comunicado en el que rechazan el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts, el partido independentista catalán de Carles Puigdemont, y por el que Pedro Sánchez se garantiza los 7 votos de los diputados de Junts para la investidura.
«Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias», señalan en un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.
«El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», continúa el comunicado.
A continuación, las cuatro asociaciones profesionales de jueces y magistrados de nuestro país, advierten de que «ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales», «con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
Al mismo tiempo, recuerdan que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley», «puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución». «Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables», añaden en el comunicado.
Por último, las asociaciones judiciales de España remarcan que «el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta». Esta es la reacción unánime al acuerdo presentado hoy por el PSOE y Junts que incluye la amnistía, → como hemos contado aquí.
Los inspectores de Hacienda también rechazan el pacto de Sánchez con Puigdemont: «Se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual»
«La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), como representante de un colectivo superior de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), en su obligación de defensa del interés general amparado en el artículo 103 de la Constitución, y en defensa del Estado de Derecho, al que están sometidos todos los ciudadanos, manifiesta su rechazo frontal y absoluto a los acuerdos que se derivan de la negociación para una futura investidura del actual presidente del Gobierno de España», ha expresado en un comunicado la asociación.
«Entre esos acuerdos, se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera», señala.
«Bajo el reconocimiento de una singularidad histórica, que no queda amparada en nuestra Norma Fundamental, se reivindica la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña, exigiendo que el PSOE adopte las medidas que permitan la autonomía financiera y la revisión del actual modelo de financiación de dicha comunidad autónoma, que actualmente se recoge en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)», apuntan los inspectores de Hacienda. «La exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la AEAT en Cataluña, por lo que nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la AGE», agregan.
«Esta situación implica sin lugar a duda, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna», denuncian. «Lo anterior se produce en el marco de unos acuerdos que sirven de contrapartida a los votos que determinadas formaciones políticas le otorgarían al candidato con la finalidad de ser investido como presidente del Gobierno por lo que conllevan, implícitamente, el abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales de todos los españoles, y derivan en un trato de favor, sin ningún amparo legal, hacia una parte de los españoles que residen en un territorio de la Nación», concluye el comunicado.
