Denuncian el cierre de la Fundación Número 1 en plena crisis del coronavirus
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha decido poner punto y final a la Fundación Número 1, el Centro Especial de Empleo de la ciudad, que da trabajo a 35 personas, 27 de ellas con discapacidad. La propuesta de extinción, que contempla un ERE para toda la plantilla, ha sido respaldada en el pleno del Patronato, presidido por el alcalde, por PSOE y Ciudadanos, mientras que PP y Unidas Podemos han votado en contra y Vox se ha abstenido. También han votado a favor UGT y los representantes de la patronal de empresarios, AEDHE.
Los trabajadores de la Fundación Número 1 denuncian en un comunicado que les han dejado tirados en el peor momento: «No entendemos cómo un alcalde del PSOE sigue la directriz contraria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pregona que no se hagan despidos colectivos», afirman. «Con esta decisión ya sabemos lo que interesan nuestras vidas y nuestro empleo protegido de personas con discapacidad al alcalde. A ello se añade que nos deben los salarios de buena parte de febrero y marzo», lamentan.
Consideran que «se ha aprovechado las circunstancias de confinamiento de la ciudadanía a raíz del estado de alarma y de la imposibilidad de salir a la calle, de manifestarnos y defender públicamente nuestros derechos, para despedirnos colectivamente y cuando la ciudadanía sigue centrada en la gravísima epidemia del COVID-19 y así evitar el coste político para la alcaldía que esta medida antisocial conlleva. Sin duda, un acto deleznable de una alcaldía que aprovecha la grave situación que atraviesa el país para condenar al paro a más de 35 familias», apuntan.
Los empleados recuerdan que habían propuesto «un ERTE por dos meses y realizar un plan de viabilidad, nombrar un director y tomar el impulso necesario para conservar la Fundación y el empleo de 27 trabajadores discapacitados», pero, insisten, «el señor alcalde ha optado por un despido colectivo sin diálogo ninguno». «El alcalde cierra y liquida lo que no ha sabido gestionar, ya que desde 2017 estamos sin dirección, por el despido de la directora por Pilar Fernández, concejala entonces y hoy asesora de alcaldía, directora que ella misma había nombrado», añaden, al mismo tiempo que indican que «todos los hechos ponen de manifiesto que el alcalde tenía tomada esta decisión antes de presentarse a las elecciones de 2019 y la ocultó a los vecinos».
«La ciudadanía alcalaína debe saber que la Fundación no es una empresa mercantil normal, ya que tiene como objetivo la promoción laboral y profesional de personas discapacitadas en el mundo laboral (actualmente 27 personas) y recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid, establecidas legalmente, para mantener una actividad productiva que da empleo y una forma de ganarse la vida a un colectivo de personas necesitadas de ayuda», señalan los trabajadores. Asimismo, aseguran que la Fundación «no ha tenido pérdidas en los últimos años y que la subvención del Ayuntamiento ha sido de 100.000 euros al año, un coste inferior al sueldo del señor alcalde o de varias decenas de sus empleados».
Aunque el alcalde ha explicado las medidas que han llevado a cabo para intentar buscar soluciones y viabilidad a la Fundación, desde el Partido Popular creen que «todavía no es momento de bajar los brazos, que se puede hacer más» y han propuesto un plan de viabilidad para mantener el funcionamiento del centro. «Antes de proceder con la extinción, debería al menos contemplarse acogerse a un ERTE, con el objetivo de paralizar de manera temporal la actividad de la Fundación durante unos meses. Nos resulta curioso que hace una semana nos plantearan esta misma opción y ahora ya no sea posible», critica la concejala del PP, Esther de Andrés, quien recuerda también que a nivel nacional el Gobierno está promoviendo que se eviten en estos momentos los despidos dada la complicada situación que están viviendo muchas familias.
Los populares recuerdan que la Fundación fue un proyecto puesto en marcha por el Partido Popular y aseguran que «para nosotros esto no va solo de números, que obviamente son muy importantes; también hablamos de personas, personas, además, que pertenecen a un colectivo tan vulnerable que, de quedar desempleadas en la actual situación, no van a tener las mismas oportunidades que el resto para volver a incorporarse al mercado laboral». «Por ello, debemos redoblar todos nuestros esfuerzos, explorando aquellas vías que aún no hayamos contemplado y que ofrezcan posibles soluciones para una viabilidad de funcionamiento para la Fundación», apostilla De Andrés.
Las críticas también arrecian desde Unidas Podemos-IU. El grupo municipal subraya que la medida del ERE va en contra de lo anunciado por el Gobierno central: «El equipo de Gobierno de Alcalá de Henares comunicó verbalmente a la representación de los trabajadores de la Fundación Número 1, el único centro especial de empleo de Alcalá de Henares, su intención de presentar un ERE a la totalidad de la plantilla debido a la crisis del COVID-19. Paradójicamente, unas horas antes el Gobierno del Estado había hecho pública la prohibición de despedir a trabajadores por la crisis del coronavirus durante el actual estado de alarma», aseveran.
A juicio de Unidas Podemos-IU, «presentar un ERE en estas circunstancias es absolutamente inmoral y, afortunadamente, es también ilegal desde la prohibición de despidos anunciada por la ministra de Trabajo. Esperamos que se rectifique de inmediato y el ERE anunciado a la representación de los trabajadores nunca se lleve a efecto».
Los trabajadores han estado movilizándose desde el 21 de enero para evitar el cierre, exigiendo mayor carga de trabajo, por lo que realizaron una manifestación el pasado 6 de marzo que recorrió las calles de Alcalá, una situación que ha provocado la confrontación entre el PSOE, que gobierna la ciudad, y Unidas Podemos-IU, quien lleva meses denunciando «el intento soterrado de vaciar de actividad al Centro Especial de Empleo para justificar su cierre definitivo».
