La justicia investiga más de cincuenta licitaciones que se produjeron en el primer estado de alarma y fueron adjudicadas por un valor de 310 millones de euros
Tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez han tenido que declarar ante el Juzgado 26 de Madrid como imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia. Las diligencias se abrieron hace un año tras una querella presentada por Vox en 2020.
Las más de cincuenta licitaciones investigadas se produjeron en el primer estado de alarma y fueron adjudicadas por un valor de 310 millones de euros. La querella señala que los contratos de emergencia permitieron que no se justificaran las compras de material, que tuvieron un sobrecoste muy elevado, comparándolas con otras compras de los mismos días.
Además, se adjudicaron a empresas sin experiencia en el sector. De los 56 contratos que investigan, al menos 12 habrían sido concedidos a empresas de existencia dudosa, en las que «no consta su identidad fiscal, ni si tienen establecimiento físico en España o fuera»,. según publica El Confidencial.
Además, algunas empresas no acreditaron su solvencia económica y en algunos casos se compraron mascarillas sin clasificación del nivel de protección o se hicieron licitaciones a empresas sin experiencia previa ni la infraestructura necesaria para poder prestar los servicios que concedieron.
Asimismo, se incumplieron contratos, como en el caso de la compra de 144 respiradores en una empresa que dedicaba a fabricar elementos de yeso. En este caso, se abonaron 2,7 millones de euros por avanzado, pero cuando no pudieron suministrar el material, no devolvieron el dinero.
Los imputados son Alfonso María Jiménez, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, y Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
Los tres investigados han alegado en sede judicial que cumplieron con el protocolo y que las circunstancias especiales de aquellos meses hicieron que se tuviera incluso que acudir a varios mercados internacionales para conseguir el material. Entre las compras investigadas se encuentran mascarillas, respiradores o hisopos.
Vox denuncia que las adjudicaciones hechas en aquel momento no se fiscalizaron y argumenta que el marco de urgencia no justifica que las licitaciones fueran arbitrarias sin ningún tipo de criterio de seguridad en la contratación. El PP de Madrid también ha denunciado este tipo de contratos ante la Fiscalía Anticorrupción, tal y como anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso y contamos aquí en MiraCorredor.
