Será sometido a una prueba de paternidad sobre su hija secreta
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y Violencia sobre la Mujer de Pozuelo de Alarcón ha autorizado la exhumación del cadáver del empresario José María Ruiz-Mateos para la realización de una prueba de paternidad respecto a Adela María Montes de Oca, quien afirma ser su hija.
Así consta en un auto fechado el pasado 1 de marzo, en el que se detalla que esta autorización se realiza para «extraer las muestras biológicas necesarias a fin de remitirlas al Instituto Nacional de Toxicología para cotejar el ADN obtenido» de la demandante.
Ruiz-Mateos murió el 7 de septiembre de 2015 a los 84 años de edad en un hospital del Puerto de Santa María (Cádiz). Una noche antes había ingresado en la cárcel de Soto del Real.
La representación legal de Adela presentó el 13 de octubre de 2016 un escrito en el que solicitaba la exhumación del cadáver, con el fin de obtener muestras biológicas del mismo y practicar la oportuna prueba de paternidad, mediante cotejo de ADN. Tras ello, el Ministerio Fiscal presentó escrito adhiriéndose a la solicitud.
La prueba pericial biológica de ADN propuesta ya fue declarada pertinente en un uto dictado por el mismo juzgado el 21 de octubre de 2014.
Ruiz-Mateos fue citado el 12 de enero de 2015, pero no compareció. También se le citó el 23 de marzo, pero tampoco acudió.
El 9 de julio de 2015 su defensa presentó un escrito en el que solicitaba el sobreseimiento del procedimiento, alegando que padecía una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, siendo imposible su comparecencia el día del juicio.
Adela tiene 27 años y lleva tres años peleando para que se reconozca que el polémico empresario era su padre. Según desvela el programa Espejo Público de Antena 3, Ruiz-Mateos mantuvo una relación con una mujer mexicana a la que conoció en Estados Unidos.
Al parecer, los encuentros entre ambos se producían de manera frecuente en hoteles del extranjero. Fruto de esa relación nació Adela y Ruiz-Mateos asumió los gastos de la familia, pagó los estudios de la menor (incluidos los universitarios), el alquiler de la casa en la que vivían y la manutención. El empresario nunca negó su paternidad pero nunca quiso darle su apellido.
Tanto Adela como su madre comenzaron una larga batalla por lograr el reconocimiento de la paternidad. Hablaron con los hijos y con la propia Teresa Rivero, pero ninguno aceptó reunirse con ella. Los hijos tampoco quisieron hacerse la prueba que ahora tendrá que realizarse por mandato judicial desenterrando al padre.