Justicia Animal continúa pendiente de un caso de 2011 ocurrido en la perrera municipal de Torrejón. El veterinario encargado del servicio operó a una perra que no podía parir sin apenas anestesia, por lo que podría enfrentarse a una pena de hasta 1 año de cárcel
Los hechos ocurrieron en 2011, concretamente el 25 de marzo de ese mismo año la asociación Justicia Animal los denunció ante el Seprona.
La asociación se entera gracias a las voluntarias que acudían habitualmente a la perrera municipal de Torrejón de Ardoz. Allí se encontraba una perra que no podía parir. Después de cinco días el animal empeoró y acudió el veterinario que normalmente atendía a los animales del centro, un veterinario de una clínica externa.
«En vez de trasladar a la perra a una clínica veterinaria de 24 horas, decidió operarla en un cuartucho de la perrera», denuncia Matilde Cubillo, presidenta de Justicia Animal, en conversación con MiraCorredor.tv. «Procedió a calmar a la perra, pero el animal no paraba de moverse, no paraba de quejarse. Siendo una cirugía de alto riesgo, ni siquiera le puso una vía. Fue todo un despropósito y unos errores terribles».
La perra durante la cirugía, según la asociación, estaba medio despierta, se quejaba del dolor y se movía. Las voluntarias insistieron en que les dejara trasladar a la perra a una clínica donde pudiera ser hospitalizada y tuviera una vigilancia durante toda la noche, pero el veterinario se negó, señala Cubillo. «Este veterinario se quejó y durante la madrugada los policías hicieron una ronda por la perrera y se encontraron al animal agonizando y a uno de los cachorros que le sacaron también medio muerto. Pudieron salvar al cachorro pero con la madre no pudieron hacer nada».
La asociación lo denunció por presunto delito de maltrato animal al considerar que era consciente de que la anestesia y la analgesia que le estaba administrando a la perra no era suficiente. «La perra sufrió los dolores de una cirugía en la que se le abrió la tripa. Y después dejó a la perra medio muerta en la perrera sin permitir que fuera trasladada a una clínica donde por lo menos poder haberle hecho una vigilancia».
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Foto cedida a MiraCorredor.tv por Justicia Animal en la que se puede ver el cuartucho en el que dejó a la perra
El caso está en manos de la Justicia, del Juzgado número 4 de Torrejón de Ardoz, aunque todavía sin fecha para el juicio. La Fiscalía ha solicitado ahora un aplazamiento de 18 meses más para seguir con la investigación, en la que también ha pedido que se realice una nueva prueba pericial. «Por una parte es una buena noticia porque si no hubiese interés no se hubiera pedido ese aplazamiento», comenta Cubillo.
El veterinario se podría enfrentar a un delito de maltrato animal tipificado en el artículo 337 del anterior Código Penal con una pena de entre seis meses y un año de cárcel
«Es un caso muy grave porque un veterinario tiene que velar por los animales, intentar salvarles la vida…Nosotros tenemos informes de veterinarios externos con las dosis que él declaró a la Guardia Civil que había administrado a la perra y efectivamente a la perra la operó a lo vivo. Es verdad que la perra no se podía mover porque tenía un paralizante pero el sufrimiento que tuvo esa perra fue un sufrimiento terrible y eso por parte de un veterinario», lamenta Justicia Animal que espera una condena justa, aunque con toda probabilidad se salvaría de la cárcel al no acumular antecedentes penales.
Cuando ocurrieron los hechos, en 2011, el centro estaba gestionado por el Ayuntamiento de la localidad. En la actualidad, y desde el año 2014, la gestión corresponde a la Asociación de Protección Animal Hoope que a través de un comunicado ha dejado claro que durante todo este tiempo la gestión de la perrera de Torrejón se ha caracterizado por una política de sacrificio cero y siempre mirando por el bienestar de todos los animales del centro.
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