Ayuso afirma que la sentencia demuestra un uso político de la Fiscalía y acusa al Gobierno de dinamitar la separación de poderes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este viernes la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como una confirmación de que se revelaron datos reservados de su pareja con el objetivo de dañarla políticamente.
Durante una declaración institucional, Ayuso ha asegurado que «estos hechos son propios de una dictadura» y que el 20N «pasará a ser un día histórico para la democracia española», porque «ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona» incluso frente al «abuso arbitrario del poder por razones políticas».
La presidenta ha denunciado que la revelación de secretos «no sólo ha vulnerado derechos fundamentales de un español», sino que «muestra la vulnerabilidad de los de todos». «Ningún español debe soportar algo así», ha afirmado, antes de señalar que el episodio constituye «un inadmisible y peligroso atropello» que «jamás debería haber sucedido en una democracia liberal».
Ayuso ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez, a quien acusa de haber «decidido dinamitar la separación de poderes y erigirse en juez y parte». Ha recordado que «ordenó que la Abogacía del Estado se querellase contra el juez que investiga a su mujer» y que «pretendió imponer la sentencia del fiscal al Supremo en mitad del juicio». También ha acusado al Gobierno de activar «una maquinaria de fontaneros relacionados con distintas tramas de corrupción para arremeter contra jueces, fiscales y periodistas» con el fin de «amedrentarles» e «impedir que hicieran su trabajo en libertad».
«No es el fiscal general del Estado sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados», ha asegurado Ayuso, recordando que «él mismo afirmó que el fiscal dependía de él» y que ahora «el fiscal ha sido condenado». La presidenta ha reprochado al Ejecutivo que intentara presentar el caso como «un choque de trenes» o «un conflicto entre iguales» cuando, a su juicio, se trata de «un paso más hacia el guerracivilismo» y de un intento de «crear dos bandos» para que «cada uno hable al suyo».
Ayuso ha advertido de que «no hay derecho a causar tanto daño a las instituciones y a la convivencia» y ha denunciado que el presidente pretende «poner al Estado a disposición del Gobierno para protegerle de su corrupción», algo que ha calificado de «intolerable». Ha vinculado esta situación con «pactos con partidos minoritarios a través de la compra de voluntades» y con los casos que afectan a figuras como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, asegurando que «corrupción no se soluciona con más corrupción».
La presidenta también ha alertado sobre la estrategia que, según ella, sigue Moncloa tras la condena: «No sabemos qué pretende hacer el presidente en las próximas horas y días. Es experto en apagar incendios con más gasolina». Más adelante ha añadido: «No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez, pero nos tememos algo desquiciado de aquí a próximas fechas. Es su modus operandi».
En su diagnóstico sobre el momento político, Ayuso ha afirmado que España se encuentra «en el momento más delicado» desde la Transición y ha insistido en que «sólo puede ganar o la autocracia o la libertad». Ha llamado a la «cordura de los españoles», convencida de que «España no quiso bandos en su momento y tampoco los quiere ahora», y de que es necesario «una nueva etapa de cordura, convivencia y decoro» para frenar «el daño que se está causando a España».
