Los trabajadores denuncian que el Ayuntamiento se niega a asumir responsabilidades por los 35 despidos
Sigue adelante el ERE que deja sin empleo a 35 trabajadores, 27 de ellos con discapacidad, en plena crisis del coronavirus, tras el cierre de la Fundación Número 1, el único Centro de Empleo de Alcalá. La representante del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, y los de los trabajadores se volvieron a reunir el pasado miércoles.
Según ha explicado el abogado de los tramadores, Luis Suárez Machota, la propuesta de la concejala de los Servicios Sociales fue «mantener el despido de los 35 trabajadores con una indemnización de 28 días de salario por año», que no se pagarían en la fecha del despido, «sino tras la liquidación de los bienes de la fundación y dentro del proceso concursa».
Además, desde la fundación se les ofrece «un curso de reciclaje profesional» que daría «el ente empresarial del Ayuntamiento Alcalá Desarrollo, consistente en curso de jardinería y viveros, sector en el que, según la concejala, hay posibilidades de empleo».
Para trabajadores mayores de 55 años de edad, la propuesta incluye «la firma de un convenio con la Seguridad Social destinado a que accedieran a la denominada jubilación anticipada».
El representante legal de los trabajadores considera que la propuesta del Ayuntamiento de Alcalá «supone la pérdida de 35 puestos de trabajo» y «no da ninguna posibilidad de recolocación a los trabajadores», además, añade, «la supuesta oferta indemnizatoria no precisa fecha de pago y no hay garantía alguna de que la deuda indemnizatoria y los salarios se vayan a pagar, ni cuándo se va a pagar».
Según Suárez Machota, «la concejala Blanca Ibarra ha repetido hasta la saciedad que el señor alcalde no va a presentarse a la negociación y que el Ayuntamiento está totalmente desligado de la Fundación Número 1 y que son cosas distintas por lo que el ayuntamiento no va a pagar los salarios, ni las indemnizaciones».
«También han denegado reiteradamente el hacer un ERTE, lo que reclaman los trabajadores, que facilitaría el acceso al desempleo y que los trabajadores no sufran económicamente hasta el mes de julio que cobrarían el desempleo, bajo el argumento espurio de que sería un fraude, pues el COVID-19 no tendría ninguna causalidad en la situación de la fundación. Se le ha repetido que no sigue vigente la legislación general que permite ERTE en situación productivas deficitarias», agrega.
El abogado de los trabajadores defiende «que el Ayuntamiento debe responder de la crisis que ha provocado a la Fundacion Número 1, ya que es el único titular de la dotación de la fundación, es la sociedad dominante, teniendo el 100% de sus participaciones y nombrando y cesando a la totalidad de sus patronos y dirección».
A su juicio, «es una filial del conglomerado empresarial del Ayuntamiento y de hecho, personajes empleados del Ayuntamiento, al servicio de la exconcejala Pilar Fernández, desde 2015 hasta 2019 ha estado mandando en la fundación, a pesar de no ser de su plantilla, por lo que es una empresa del Ayuntamiento de Alcalá de Henares»
Para el letrado «es desproporcionado despedir a 35 trabajadores (un cierre total) por unas pérdidas de 62.000 euros en 2019» y cree que «si las empresas del Corredor del Henares hicieran lo mismo, en caso de esas reducidas pérdidas, el paro tendría un crecimiento abismal». Además, subraya que que el Ayuntamiento «está haciendo lo que el Gobierno de Pedro Sánchez recomienda no hacer».
Suárez Machota indica que «tampoco se ha explicado por la concejala presente qué futuro tiene programado el Ayuntamiento para el edificio. ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va hacer el Ayuntamiento con él? ¿Para qué lo va a dedicar?», se pregunta, al tiempo que insta al patronato de la fundación a «retirar el concurso de acreedores, ya que lo único que va provocar es un aumento de los gastos judiciales y un sacrificio y un sufrimiento innecesario a los trabajadores».
Las partes han quedado en reunirse el próximo lunes, si bien la parte de los trabajadores ha valorado que la oferta del Consistorio es «insustancial, insegura y no tiene ninguna garantía de cumplirse».
