Ayuso recurrirá la regularización masiva de inmigrantes de Sánchez por «afectar gravemente» a los servicios públicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que recurrirá el Real Decreto del Gobierno para la regularización masiva de inmigrantes por considerar que «afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios, además de afectar a la seguridad nacional y contravenir la normativa de la Unión Europea».

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a Vox, Ayuso ha mostrado su rechazo frontal a la medida impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales», ha afirmado la presidenta, que ha añadido que está «en contra del turismo sanitario» y «de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos» con la regulación masiva. 

Además, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico actuará contra esta decisión: «No vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad». En este sentido, ha subrayado que recurrirán el decreto e intentarán frenarlo dentro de sus competencias.

La presidenta madrileña también ha señalado que seguirán reclamando «orden y ley» al Gobierno central y ha criticado lo que considera una política migratoria que «es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden».

El proceso puesto en marcha por el Gobierno se dirige a las personas extranjeras que lleven al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.

Los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema.

En principio, el Gobierno preveía que las solicitudes se pudieran empezar a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso estuviera abierto hasta el próximo 30 de junio, pero por el momento la medida no ha sido aprobada de forma definitiva, algo que se espera para la próxima semana.

La medida fue pactada con Podemos y el Gobierno estima que beneficiará a unos 500.000 inmigrantes, aunque desde el PP creen que esa cifra no es real y que podría superar el millón o 1,2 millones de personas si se computan las reagrupaciones familiares.