El Supremo admite el recurso de Ayuso contra la regularización masiva de inmigrantes
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes presentado el pasado viernes, tal y como anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha informado este miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, de la admisión del recurso por parte del alto tribunal.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso este recurso en el que también solicitó como medida cautelar la suspensión del Real Decreto.
El Ejecutivo madrileño ha defendido su decisión al considerar que la norma afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos en la región sin articular mecanismos de financiación ni de provisión de medios.
Además, sostiene que el decreto contraviene la normativa de la Unión Europea y que tiene implicaciones que afectan a la Seguridad Nacional.
El lunes comenzó el plazo para quienes quieran acogerse a la regularización extraordinaria de inmigrantes, siempre que hubieran solicitado cita con antelación en alguna de las más de 400 oficinas habilitadas. La tramitación telemática se abrió el jueves 16 de abril, y en solo 24 horas se registraron 13.500 solicitudes. A esa cifra se suman 19.633 citas ya reservadas para completar el proceso de manera presencial.
Los requisitos para acceder a este proceso pasan por acreditar la estancia en España antes del 1 de enero, incluyendo también a solicitantes de asilo que iniciaron su petición antes de esa fecha, siempre que puedan demostrar cinco meses continuados en el país y no tengan antecedentes penales.
A la hora de formalizar la solicitud, será necesario aportar documentación que pruebe ese tiempo de permanencia, el certificado de antecedentes penales y, en determinadas situaciones, un informe de vulnerabilidad emitido por una ONG acreditada por el Gobierno.
La regularización contempla la concesión de una autorización para residir y trabajar durante un año. Una vez finalizado ese periodo, los beneficiarios podrán acceder a permisos más estables o, en caso de no cumplir los requisitos, solicitar una prórroga adicional. La medida, según el Ejecutivo, beneficiará a medio millón de personas.
