El PP instará hoy al Gobierno a que apruebe un plan B para dar seguridad jurídica a las restricciones que adopten las comunidades tras el 9 de mayo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que si gobierna el próximo 4 de mayo en la región, tras las elecciones autonómicas, mantendrá el toque de queda a las 23:00 horas, aunque decaiga el estado de alarma el 9 de mayo, dijo ayer en La Sexta.
La candidata del PP ha recordado que la pandemia no va erradicarse con el fin de esta medida jurídica, por lo que pedirá «amparo a los jueces para que respalden las medidas» que aplique su gobierno, como ya hizo al principio la Comunidad de Madrid con los cierres perimetrales de zonas básicas.
Ayuso apuesta, por tanto, por mantener el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas, así como seguir con la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios y las limitaciones de aforo que en la hostelería se traduce en seis personas por mesa en terrazas y cuatro en interior.
En este sentido, el consejero de Educación y Juventud y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha reiterado que la Comunidad de Madrid mantendrá las restricciones actuales tras el 9 de mayo, fecha en la que termina el estado de alarma.
«El problema que tenemos es que al no tener ese respaldo porque el Gobierno no ha querido hacer una ley de pandemias como así prometió, pues tendremos que comunicar las medidas a los jueces» para que las respalden o las rechacen, ha indicado el consejero.
En los planes de Ayuso también está mantener los cierres perimetrales por zonas básicas de salud y municipios con más contagios. «Estas son las medidas que nosotros básicamente tenemos ahora y las que en función de la situación mantendremos después del 9 de mayo», ha señalado Ossorio.
Precisamente el fin del estado de alarma será uno de los asuntos centrales de la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles en la que el PP, con el apoyo de Cs, volverá a instar al Ejecutivo a que acuerde un plan B para dar seguridad jurídica a las restricciones.
Los socios del Gobierno (ERC, Bildu, PdeCat, Compromís y Más País) estudian incluso respaldar la iniciativa legislativa de Casado ante la inacción del Gobierno, que insiste en que no habrá prórroga y tampoco ve necesario aprobar ninguna alternativa.
