La Comunidad, además, invertirá 30 millones para ayudar en los daños a los municipios
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que va a solicitar al Estado la declaración de zona afectada gravemente por la emergencia de protección civil, también llamada zona catastrófica, debido a la magnitud de los daños materiales y humanos causados por el temporal Filomena en el conjunto de la región. Asimismo, ha adelantado que, a través del Programa de Inversiones Regional (PIR), se va a invertir 30 millones de euros para ayudar a los municipios a reparar los daños provocados por la nevada.
La presidenta regional lo ha adelantado durante su visita a los municipios de Torrejón de Velasco y Griñón, hasta donde se ha desplazado para conocer los efectos de las fuertes nevadas provocadas en estas localidades por el paso de la borrasca y las bajas temperaturas de los últimos días. Como ha explicado, están todos los consejeros evaluando los daños en cada una de sus competencias, y ya son varios los municipios que han pedido la declaración de zona catastrófica.
Díaz Ayuso, que llevará esta petición al próximo Consejo de Gobierno, ha explicado que el Ejecutivo autonómico considera que, tal y como establece la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, la Comunidad de Madrid cumple todos los requisitos para acogerse a tal declaración al verse afectado por la borrasca el normal funcionamiento de la región, cuya atención supera los medios disponibles por la propia comunidad. De hecho, ha destacado cómo ha afectado a los servicios públicos esenciales.
«En este sentido, el Gobierno regional no sólo apoyará las peticiones de los ayuntamientos de la región, sino que se pondrá a la cabeza de las reclamaciones, porque no son solo los municipios, sino sectores como el ganadero, los agricultores, los comerciantes o los transportistas de toda la región y especialmente, en la zona del sureste», ha dicho Díaz Ayuso.
El objetivo, ha insistido, es «juntos obtener ayudas, volver a la normalidad y recuperar lo perdido durante estos meses en una región afectada no solo por la nevada sino por la pandemia». «Esta ayuda es necesaria y vamos a cuidar de los municipios para que todo vuelva a la normalidad», ha insistido la presidenta madrileña.
Para acometer esta solicitud de zona catastrófica, se elevará al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la propuesta de acuerdo con objeto de remitir la solicitud a los ministerios competentes en materia de Política Territorial y Función Pública e Interior, y que pueda ser declarada la Comunidad de Madrid como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, por el Consejo de Ministros.
Para ello, todas las consejerías van a llevarán a cabo una evaluación de daños con la información que van recibiendo de los distintos ayuntamientos de la Comunidad. Son muchos los municipios que se quieren acoger a esta declaración y probablemente se unirán muchos más. Esta información aportada por los ayuntamientos «nos proporcionará con bastante exactitud la magnitud de las pérdidas que está provocando el temporal», ha añadido la presidenta.
Se considera emergencia de protección civil la situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y que exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe.
Igualmente, la situación de catástrofe, es entendida como la situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
La declaración implica poder recibir ayudas del Estado destinadas a paliar los daños en bienes privados y públicos. Ayudas directas a ayuntamientos, gobiernos autonómicos,, particulares, pero también a empresas, industrias y producciones agrícolas y ganaderas. Igualmente, se contemplan líneas de préstamo subvencionadas por el ICO, así como medidas fiscales y laborales, de manera que puede liberar de tener que pagar determinados impuestos como el IBI o el de actividades económicas, siempre que se den las condiciones en cada caso.
