Los antidisturbios tuvieron que intervenir para desalojar el recinto
La empresa Boyacá ha denunciado que el pasado viernes «los repartidores de prensa de manera sorpresiva dejaron de prestar el servicio de reparto a los puntos de venta, reteniendo la mercancía que se les había entregado e impidiendo de manera violenta y con amenazas que con otros medios se llevase a cabo el reparto».
Según la compañía, «tras negarse a repartir, tomaron por la fuerza las instalaciones», que la empresa tiene en el polígono de Las Monjas de Torrejón de Ardoz, «impidiendo el funcionamiento ordinario de la misma, reteniendo primero y destrozando después toda la prensa y revistas que habían sido puestas a su disposición a primera hora».
En un comunicado, señala que «quedó durante toda la jornada bloqueada, rodeada por más de 140 furgonetas y tomada por más de 200 transportistas y algunos familiares de estos» y que, tras denunciar los hechos, el Juzgado de Guardia dictó un auto ordenando a la Policía el desalojo de las instalaciones.
La empresa explica que entonces inició el reparto de prensa «con medios alternativos» en la madrugada del sábado, 21 de julio, aunque se produjeron «persecuciones de vehículos, amenazas, agresiones, bloqueos, golpes y otros actos» para impedirlo.
Cuando «los medios alternativos» llegaron a su destino, a los quioscos y demás puntos de venta, «los transportistas amenazaron a diversos quiosqueros e hicieron uso de la fuerza para sustraer la prensa y revistas y destruirla delante del propio quiosco», denuncia Boyacá.
Asimismo,«se produjeron amenazas a los quiosqueros para que no realizasen la venta de los periódicos», por lo que la Policía detuvo a tres transportistas por agresiones y amenazas la noche del sábado.
En la madrugada del domingo, 22 de julio, «se produjeron nuevamente hechos violentos en los que los transportistas impidieron de nuevo ejercer su trabajo a las personas que intentaban el reparto, parando las furgonetas, sustrayéndose la carga con amenazas y destruyendo la misma», asegura la compañía, que destaca que los mismos hechos se repitieron el lunes y el martes.
La distribuidora ha solicitado auxilio judicial «para poder realizar el servicio de reparto con escolta policial» e indica que las actuaciones de los transportistas «no se encuentran amparadas bajo el paraguas de ninguna huelga legal ya que se trata de trabajadores autónomos y no de trabajadores por cuenta ajena, únicos a los que les ampara dicho derecho».
«Los medios violentos, fuera de la ley, en todo punto inadmisibles en un estado de derecho, utilizados por los transportistas a modo de claro chantaje para la firma de un nuevo contrato que satisfaga sus inalcanzables pretensiones económicas y mantenga su situación de privilegio, son inaceptables para la empresa que entiende, además, que se está poniendo en peligro a todo el sector de la prensa en papel incluyendo editores y puntos de venta», dice en el comunicado.
Boyacá advierte de que pondrá todos los medios que estén a su alcance «para garantizar el derecho de los lectores a disponer de la información diaria y adoptará «las medidas necesarias que permitan seguir desarrollando su actividad y garantizar la protección» de sus empleados y resto de colaboradores autónomos.
Los repartidores se quejan de que la empresa no les deja entrar para cargar
Los repartidores, por su parte, aseguran que «no están en huelga», sino que la empresa no les deja entrar a las instalaciones para poder cargar.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte denuncia «represalias por parte de la dirección de la empresa distribuidora» por «solicitar la intervención policial de los antidisturbios y la imposibilidad de los repartidores de acceder al recinto, situación que se mantiene hasta la fecha».
La Federación ha pedido a la distribuidora que reanude la negociación del conflicto laboral que la empresa mantiene con sus repartidores autónomos desde el pasado viernes para evitar así el despido de 130 transportistas y una bajada salarial del 60%.
Tras un año negociando la renovación del contrato que finaliza el 31 de agosto, siguen muy alejadas las posiciones entre la Asociación de Repartidores de Prensa de la Comunidad de Madrid y la empresa logística Boyacá, actual propietaria de Distribución Integral (DIMA) que antes pertenecía a las grandes editoriales de periódicos españoles.
La pretensión de Boyacá es «despedir al 60% de la plantilla actual», de 240 transportistas autónomos, y que aquellos que continúen trabajando desde el 1 de septiembre «rebajen sus ingresos al 60% de lo que actualmente perciben», señala la Federación en un comunicado.
Como resultado, durante los últimos 4 días los quioscos de prensa de la Comunidad de Madrid «se han visto obligados a cerrar sus negocios ante la falta de suministro de la prensa diaria y de algunas revistas semanales, que la empresa distribuidora está tratando de paliar con la contratación ilegal de vehículos particulares para intentar hacer el reparto diario», añade la Federación.
Por todo ello, apelan a que la empresa «reconsidere su posición radical y se avenga a mantener una negociación responsable y sensata con la actividad profesional que llevan desarrollando los repartidores de prensa durante los últimos 30 años».
