Los abonos de Renfe ya adquiridos estarán en vigor hasta el 30 de abril
Los abonos y títulos de transporte público que se adquieran a partir de mañana jueves volverán a precios sin bonificar, después de que el Congreso haya rechazado este miércoles dos de los tres decretos-leyes que se sometían a votación: el impuesto a las energéticas y el denominado ómnibus, que recoge medidas como la subida de pensiones, las ayudas al transporte o la prórroga de la prohibición de desahucios y cortes de suministros a familias vulnerables.
De esta manera, no ha salido adelante la ampliación hasta el próximo 30 de junio de las ayudas del Estado que permitían esas bonificaciones, hasta llegar a la gratuidad en algunos casos. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado en los pasillos del Congreso que «a partir de mañana decae el respaldo legal» de esas ayudas y ha indicado que los usuarios «tendrán que pagar el precio completo del abono».
Puente, que ha echado la culpa al PP de que la medida no haya salido adelante tras votar en contra los populares y Junts del llamado decreto ómnibus, ha dicho que «el que tenga un abono adquirido le vale, porque los abonos ya sacados son un derecho y se van a poder utilizar» hasta el 30 de abril, pero que «mañana ya ni los abonos ni los títulos se venderán al precio que tenían con las bonificaciones».
Además de la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional durante seis meses más, el decreto rechazado este miércoles en el Congreso también incluía mantener el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y cofinanciar las rebajas del 50 % de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano.
El decreto también incluía otras medidas como las ayudas a los afectados por la DANA de Valencia, la revalorización de las pensiones y la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El PP rechazaba algunas medidas fiscales incluidas, como la prórroga de la suspensión de los desahucios que favorece la okupación, la subida del IVA de los alimentos y de los impuestos de la factura de la luz o el traspaso de un palacete en París al PNV, que los nacionalistas vascos reclaman argumentando que les fue incautado por el nazismo y después por el franquismo.
«Ya hemos tenido suficiente, Sánchez. Sin capacidad para sacar presupuestos, reales decretos o leyes, y con más corrupción cada día, es inasumible seguir. Somos la cuarta nación de la UE. Si no gobierna, apártese», ha publicado el líder de la oposición en las redes sociales. Alberto Núñez Feijóo ha pedido que se tramiten «de urgencia hoy mismo» las iniciativas presentadas por el PP para «subir pensiones, ayudar a Valencia, a los perceptores del IMV y al transporte» y ha tachado de «miserable que el Gobierno mezcle a pensionistas, valencianos y vulnerables con chantajes de sus socios».
La Comunidad de Madrid mantiene de momento las actuales tarifas
La Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central «que cumpla con el compromiso que adquirió con los madrileños y financie los descuentos del transporte público como se viene haciendo desde la Comunidad de Madrid desde hace años». «Lamentablemente, una vez más los ciudadanos pagan las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno central y de nuevo, se evidencia la debilidad parlamentaria y la incapacidad manifiesta de Pedro Sánchez de gobernar», ha añadido el Gobierno regional.
«De momento los usuarios del transporte público madrileño van a seguir pagando exactamente los mismos precios que venían pagando hasta ahora», han indicado las mismas fuentes, añadiendo que «los mayores de 65 años y los niños entre 4 y 6 que disponen de la tarjeta infantil seguirán disfrutando de este servicio de manera gratuita. Respecto al bono de 10 trayectos también tendrá el mismo coste, es decir, 6,10 euros. A esto hay que sumar las reducciones adicionales para familias numerosas de categoría general, que cuentan con una rebaja del 20%, y para las que tienen condición especial a las que se deducirá un 50%; en el caso de las personas con una discapacidad igual o superior al 65%, el descuento añadido es del 20%».
La Administración autonómica reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible «que cumpla con las aportaciones a las que se comprometió con las comunidades autónomas porque dispone de otras fórmulas para solucionar de inmediato este problema que ellos mismos han generado».
