La empresa ha acabado declarando el concurso de acreedores al no poder hacer frente a su deuda
La cadena de clínicas dentales Dentix, con centros en las principales ciudades del Corredor Corredor del Henares, ha solicitado el concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de Madrid al no poder hacer frente a su deuda.
El grupo ha informado en un comunicado que «los consecuentes graves incumplimientos» del fondo de inversión de KKR con Dentix «han tenido un impacto devastador en todo el negocio y en particular en la tesorería y necesidades de caja de la compañía».
Según explica, «KKR ha reiterado su negativa a cumplir con sus obligaciones contractuales de inversión en el grupo, abandonando a la compañía, sus trabajadores, acreedores y pacientes», y por ello el grupo «procedió a iniciar acciones legales para la adopción de medidas cautelares» frente al fondo.
La compañía señala que «la incertidumbre sobre la consecución de un acuerdo de refinanciación o inversión a corto plazo y el deterioro constante del negocio», ha obligado al grupo a presentar la solicitud de concurso de acreedores, «en beneficio de sus acreedores y de sus trabajadores».
La cadena de clínicas dentales tiene centros en Alcalá de Henares, Coslada, Torrejón de Ardoz, Guadalajara y Rivas Vaciamadrid, además de en otros muchos puntos de la Comunidad de Madrid y del resto de España, centros que podrían verse abocados al cierre definitivo, aunque Dentix afirma que mantiene las negociaciones con sus acreedores financieros y con potenciales inversores.
Plataforma de afectados
Ante la quiebra declarada, la asociación de consumidores FACUA, ha creado una plataforma de afectados para asesorar y defender a los pacientes. Puedes sumarte en FACUA.org/afectadosdentix.
FACUA expone que «Dentix arrastraba problemas de financiación desde el año 2018, debido a un modelo de negocio basado en la fuerte expansión y los créditos al consumo. A mediados de 2020, tras el cierre vinculado a la finalización del estado de alarma, Dentix reabrió un reducido número de sus más de 350 establecimientos en toda España para continuar una parte de los tratamientos de sus pacientes. Pero la empresa ha acabado declarando el concurso de acreedores acogiéndose a la ley de protección de quiebras ante su incapacidad de hacer frente a las deudas contraídas con KKR, BBVA y Cetelem, sus principales financiadores».
La asociación de consumidores asegura que «viene recibiendo multitud de peticiones de asesoramiento por parte de los pacientes, a los que distintas entidades financieras reclaman el pago de los préstamos gestionados por Dentix para la financiación de sus tratamientos pese a que llevan meses paralizados o ni siquiera se iniciaron». «A estas irregularidades se suman los casos que la asociación está recibiendo de afectados por mala praxis, una defectuosa prestación de los servicios y la falta de atención adecuada», añade.
Las últimas entidades con las que Dentix estaba facilitando la contratación de préstamos son Abanca, Cetelem, Pepper y BBVA. «Hay afectados que firmaron estos préstamos vinculados con Sabadell y la antigua Evo Finance, ahora denominada Spymp (Servicios Prescriptor y Medios de Pagos). La empresa también asumió la continuación de parte de los tratamientos de las desaparecidas clínicas iDental, con préstamos vinculados a diferentes entidades», detalla la asociación.
En este sentido, FACUA recuerda que tras el cierre total de iDental en junio de 2018, en cuyo proceso judicial ejerce la asociación la acusación particular, se dirigió a la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, para que acometiera una modificación de la normativa que regula los centros sanitarios privados. La asociación indicaba que las leyes que regulan las clínicas dentales, el Real Decreto 1594/1994 y los desarrollos autonómicos, «resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios», y reclamaba una serie de modificaciones, entre las que consta la exigencia del seguro de responsabilidad civil que incluyera el riesgo de cierre o quiebra del negocio.
Además, FACUA reclamó al Gobierno que se reforzaran los controles de la Administración a estas clínicas, se regulasen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacen, se revisaran las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma.
También instó a que se regulara la información de la clínica que debe estar disponible al público, tanto en cartelería como en toda la documentación que se entregue al usuario (contratos de financiación, facturas, etc.), incluyendo la denominación social y comercial, administrador, odontólogo responsable, datos de contacto, procedimiento para interponer reclamaciones, solicitud de historiales clínicos, etc., de forma que los usuarios puedan saber a quién se tienen que dirigir a la hora de reclamar por un cierre o cualquier otro tipo de problema.
Cierre de grandes cadenas
En los últimos años se han sucedido los cierres de numerosas cadenas de clínicas dentales dejando indefensos a cientos de miles de consumidores y causándoles numerosos daños y perjuicios económicos y a su salud. «Buena parte de las clínicas que han cerrado respondían a un modelo de negocio basado en un rápido crecimiento por todo el país, sustentado en la financiación de los tratamientos y en fuertes y dudosas campañas publicitarias de captación clientes-pacientes», recuerda FACUA.
Para la asociación, «la búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y la protección de su salud, la mala gestión empresarial en unos casos y el fraude intencionado en otros, han derivado en el cierre y caída sobrevenida de buena parte de estos negocios».
«Cierres desordenados, sin previo aviso ni a autoridades sanitarias ni a pacientes, que dejan indefensos a usuarios que se encuentran, de un día para otro, desamparados y abandonados, con tratamientos dentales inacabados, incompletos, mal ejecutados, servicios prestados que quedarán sin garantía, daños causados por negligencias profesionales y uso de materiales de baja calidad, pérdida de sus historias clínicas y préstamos firmados con bancos y financieras a los que hacer frente», añade la asociación.
Asimismo, insiste en que viene reclamando al Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias autonómicas «más garantías para los usuarios, reforzando la regulación de las clínicas dentales y los requisitos para su apertura y funcionamiento; controles eficaces que conlleven sanciones ejemplarizantes y la adopción de medidas cautelares que protejan realmente la salud y la seguridad de los usuarios así como sus intereses económicos».
