Pese al malestar y a la división en el PSOE por este asunto, desde el Gobierno insisten en que es el Ejecutivo el que tiene la última palabra
Crecen las voces críticas en el PSOE contra los indultos que planea el Gobierno a los presos independentistas catalanes. Barones y otros dirigentes socialistas rechazan la aprobación de esa medida de gracia tras sugerir Pedro Sánchez esta semana en el Congreso que el Ejecutivo ya tiene tomada la decisión.
Barones como el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, y el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se muestran muy críticos con la medida y temen que les pueda pasar factura en las urnas en los próximos comicios autonómicos y municipales.
García-Page ha advertido este jueves de que indultar a los dirigentes soberanistas sería «uno de los grandes errores de la democracia» y una condena para el PSOE de cara a las próximas elecciones, por lo que cree que aún se está a tiempo de evitarlo.
Para el presidente de Castilla-La Mancha lo más grave es que quienes actuaron contra el orden constitucional insisten en que volverían a hacerlo y, ante ello, se ha preguntado en qué posición queda el que decide indultar «sin garantizarse primero la renuncia expresa a volver a las andadas».
El rechazo de García-Page se suma al expresado por Fernández Vara, para quien «resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible», expuso el presidente extremeño el miércoles en Twitter.
Ayer, a preguntas de los periodistas, Fernández Vara lamentó que Barcelona coja «de nuevo el relevo de Madrid y todo el mundo» esté «hablando de los problemas de Madrid y Barcelona». «¿Y de los nuestros quién habla?», se preguntó, para concluir diciendo «conmigo que no cuenten».
Otra de las voces críticas ha sido la del expresidente del Gobierno Felipe González, que es contrario «en estas condiciones» a conceder el indulto. Para él, la cuestión no es si los dirigentes independentistas se arrepienten o no, sino si están dispuestos a respetar la legalidad vigente.
De la misma forma, el diputado vasco Odón Elorza ha alertado de que los indultos no darían votos a Sánchez, «sino problemas», y conllevarían muchos riesgos «a la vista de la polarización de la sociedad y de la crispación que agitan las derechas».
Elorza ha avisado de que «no puede haber dudas de que (los líderes del procés) volverán a romper la ley y a atacar al Estado de Derecho» y ha pedido al Ejecutivo que explique con claridad en el Congreso su decisión. «No está España para ninguna improvisación», ha apuntado.
También ha sido muy crítico el exdirigente socialista Alfonso Guerra: «Si el tribunal dice que no reúne las condiciones de arrepentimiento, el Gobierno no puede dárselo. Si dice eso el informe no se lo puede dar, sería un acto ilegal. Es así de sencillo», ha señalado.
Pese al malestar y a la división en el PSOE por este asunto, desde el Gobierno insisten en que es el Ejecutivo el que tiene la última palabra. La portavoz y ministra María Jesús Montero ha defendido que se quiere pasar página y «reconstruir los puentes que se dinamitaron» con Cataluña.
El Ejecutivo, por tanto, espera que la medida, si finalmente se concede en contra del criterio de la Fiscalía y del Supremo, de destacados socialistas y de la oposición, sirva para solucionar la crisis catalana apelando a «la concordia y a la convivencia» frente a la «revancha o venganza», como avanzó Sánchez.
