El viernes pasado quedó en libertad tras cumplirse el tiempo máximo de cuatro años en los que un acusado puede estar en prisión preventiva a la espera de juicio
El presunto asesino de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez, su marido Raúl D.C., se ha instalado en Madrid tras salir el pasado viernes de la cárcel de Lanzarote al cumplirse el tiempo máximo de cuatro años en los que un acusado puede estar en prisión preventiva a la espera de juicio.
El acusado ha fijado su residencia en Madrid, con su familia, aunque tendrá que comparecer en el juzgado a diario ante el riesgo de fuga, según informa Telecinco. «Él está con su padre, con sus hijas… Mi hija nunca va a poder abrazar a sus hijos», ha señalado la madre de la víctima en Telecinco.
Romina Celeste murió el 1 de enero de 2019 en su casa de Costa Teguise. Su marido reconoció ante la juez de Instrucción que quemó su cuerpo, lo descuartizó y lo arrojó a diferentes puntos de la costa de Lanzarote, pero siempre ha negado haberla asesinado.
Según su versión, encontró muerta a su mujer al regresar a casa de madrugada y se asustó, porque temía que le culpasen a él, ya que Romina lo había denunciado antes por malos tratos. La Fiscalía pide para él 20 años de prisión.
Ha quedado en libertad, pero se le ha retirado el pasaporte, tiene prohibido salir de España y debe comparecer en los juzgados todos los lunes, unas medidas que para la abogada de la familia de Romina, Emilia Zaballos, son «insuficiente».
«Ante las penas de 25 a 30 años a las que se enfrenta, el riesgo de fuga es alarmante, es altísimo, esto es un sufrimiento más para la familia, que no puede cerrar el duelo y ahora recibe este duro golpe», señala Zaballos.
La abogada asegura que la familia está «muy molesta, porque no puede ser que un procedimiento que tiene prioridad en su tramitación» se dilate tras una instrucción y una investigación policial «impecables y hechas en tiempo récord» por «causas absurdas», derivadas entre otras cosas de los cambios de juez.
El caso llegó a la Audiencia de Las Palmas para que se fijara juicio en septiembre del año pasado. Zaballos sostiene que la defensa «se aprovechó entonces de la circunstancias» de que solo quedaban cuatro meses para que venciera la prisión preventiva «para dilatar aún más el proceso con nuevos recursos».
