El Ejecutivo regional presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto a las comunidades autónomas de los fondos COVID-19 de la Unión Europea por parte del Gobierno de Sánchez por excluir a la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha iniciado acciones judiciales contra el Gobierno de España por la concesión directa de subvenciones por valor de 9 millones de euros procedentes de los fondos europeos a cuatro regiones. En concreto, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, documentación de la que ha sido informado hoy el Consejo de Gobierno.
El Ejecutivo autonómico entiende que se ha aprobado esta decisión «sin ningún tipo de justificación», sin darlo a conocer previamente en la Conferencia Sectorial y «vulnerando» el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo. A todo ello se suma que «en ningún momento se ha aclarado por qué motivo se han quedado fuera del reparto y de forma discriminatoria el resto de administraciones regionales», señala el Gobierno regional.
Con este Real Decreto recurrido, el Gobierno central reguló la concesión de subvenciones a País Vasco, Navarra, Comunidad de Valenciana y Extremadura utilizando para ello recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, fondos procedentes de la Unión Europea para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, envió una misiva el pasado 22 de octubre -que no ha obtenido respuesta a día de hoy- a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exigiendo explicaciones de la concesión de 9 millones a estas comunidades de forma aleatoria, que vulneraría el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y que utilizaría de forma presuntamente fraudulenta la reserva de crédito del SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal-.
De esta forma, el recurso de la Comunidad de Madrid señala que el Real Decreto «carece de cualquier motivación o justificación» acerca del carácter nacional o supraautonómico de las actuaciones que financia: «son proyectos concretos y específicos de cuatro regiones que no guardan ninguna relación funcional entre sí».
Además, los proyectos están vinculados a competencias autonómicas -fomento del empleo-, y los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales salvo excepciones, como sería, por ejemplo, en el caso de tratarse de acciones de ámbito nacional o que requieran de algún tipo de coordinación, indican desde el Gobierno regional.
«El Gobierno ha estado distribuyendo los fondos europeos a quienes ha considerado al margen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y sin procedimiento y con falta de transparencia», ha expresado el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, en rueda de prensa, quien ha denunciado «un uso arbitrario de los fondos».
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó su voluntad de acudir a principios de año a Bruselas para denunciar «la falta de transparencia» por parte del Gobierno en el reparto de estos fondos, para lo que el Gobierno regional está recopilando información para acometer ese viaje, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, en la misma rueda de prensa.
