La medida será aprobada este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de ofrecer una declaración constitucional desde el Palacio de la Moncloa para anunciar la declaración del estado de alarma durante 15 días en toda España, con el fin de destinar los recursos necesarios, tanto públicos como privados, civiles y militares para combatir el virus, ha explicado.
«Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil pero vamos a parar el virus, con unidad y con determinación, con el consejo de la ciencia y apoyándonos en todos los recursos», ha añadido el presidente.
Sánchez ha indicado que mañana sábado se conocerán todos los detalles de este estado de alarma tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para su aprobación.
La medida, que había sido exigida por Vox y Ciudadanos en los últimos días, permitirá, entre otras cosas, limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; e intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados.
Además, contempla limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, así como impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimientode los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción.
El presidente del Gobierno ha avanzado que «estamos sólo en la primera fase» y que no cabe descartar que la próxima semana alcancemos los más de 10.000 contagiados en toda España.
«La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos contra el virus, pero la victoria depende de cada uno de nosotros, el heroísmo consiste también en lavarse las manos y en quedarse en casa. Vamos a parar el virus con responsabilidad y con unidad», ha insistido Sánchez.
La primera vez que se utilizó el estado de alarma fue en diciembre de 2010 con motivo de la huelga de controladores que obligó a cerrar el tráfico aéreo en España. En aquella ocasión, el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero militarizó las torres de control.