Las familias tendrán que pagar 10 euros para la matriculación de los alumnos
Somos Daganzo se hace eco de las quejas de los vecinos y de los padres por la decisión tomada por el Consejo Escolar del IES Miguel de Cervantes de Daganzo de Arriba, de establecer un «copago» de 10 euros de obligado abono (para fotocopias y material fungible) por parte de las familias para la matriculación de los alumnos.
Desde la formación local creen que el Ayuntamiento «no puede quedarse de brazos cruzados» mientras se aplica una medida que, a su juicio, es contraria al artículo 27 de la Constitución Española, «ya que se está vulnerando la gratuidad de la educación pública».
«Somos conscientes de que este tipo de decisiones vienen siendo motivadas por los recortes que ha sufrido la enseñanza pública desde la llegada del PP al Gobierno, de ahí que esta situación se haya dado en otros lugares tales como Alcobendas, donde el FAPA Giner de los Ríos denunció el año pasado una situación muy similar a la ocurrida en Daganzo», denuncian.
Exponen que «no puede asumirse desde el PP de Daganzo que las instituciones públicas no tienen ningún tipo de responsabilidad en este asunto, ya que tenemos una Concejalía de Educación que tiene la obligación de velar por este tipo de cuestiones que, a todas luces, son injustas y que pueden ser evitadas».
Señalan además que el Ayuntamiento «no puede mirar para otro lado; debe informar de lo ocurrido a la Consejería de Educación de inmediato, ya que esta habría de garantizar que no se diera ningún tipo de copago en el instituto de Daganzo a través de su dotación presupuestaria; tiene que instar a la Consejería a subir la dotación presupuestaria para que esta situación no se pueda dar; y debe crear, siempre y cuando no logre revertirse esta decisión, una partida presupuestaria que evite dicho copago por parte de las familias».
Por último, Somos Daganzo espera que el Gobierno Municipal «asuma su responsabilidad y apoye a los vecinos y vecinas que se niegan a aceptar este injusto copago».
En situaciones similares, desde la Consejería de Educación se han limitado a recordar que la normativa vigente sobre la gestión económica de los centros de enseñanza no contempla repercutir en los alumnos los gastos para fotocopias, y deben cubrirse por tanto con el presupuesto de funcionamiento que la Consejería abona a todos los centros.
