El Gobierno no solo no logra frenar la huelga, sino que ésta se agrava al sumarse tres grandes patronales que sí forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera
La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, convocante de la huelga, mantiene el paro indefinido, pese al anuncio del Gobierno de destinar unos 500 millones de euros en bonificaciones para compensar el alza del precio de los carburantes. Unos paros a los que se han sumado las federaciones nacionales Fenadismer, Fetransa y Feintra, que, a diferencia de la plataforma convocante, sí forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) que este lunes se ha reunido con el Ejecutivo.
Las federaciones mencionadas consideran el anuncio del Gobierno «insuficiente en la actual situación, con miles de transportistas parados desde hace más de una semana». A su juicio, «su falta de concreción y contundencia no permite transmitir seguridad a los transportistas, principalmente autónomos y pymes, que en la actualidad se encuentran en una situación límite para poder seguir trabajando en condiciones de mínima rentabilidad».
La cuantía específica de la bonificación se concretará tras la reunión del Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo y se aplicará a partir del 1 de abril. Por todo ello, las federaciones consideran que «por el momento no se puede reanudar la actividad del transporte de mercancías por carretera, hasta que no se detallen las medidas urgentes y efectivas que requieren los transportistas para poder salir de la ruina en que se encuentran en la actualidad».
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que la medida acordada consiste en aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional «que hay que acabar de concretar», pero que tendrá «un impacto real y efectivo» e irá «directamente a los transportistas». En este sentido, ha señalado que las propuestas del Ejecutivo son «hechos y medidas concretas», aunque ha descartado una rebaja fiscal para el sector o del IVA, como pide la plataforma convocante de los paros.
España ha seguido un modelo similar al de Francia, en el que una parte de la bonificación en el precio será sustentada por el presupuesto público y otra será a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de combustibles. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado que una parte de esos 500 millones se extraerá directamente de los Presupuestos Generales del Estado y otra «de las petroleras».
Además, el acuerdo entre el Gobierno y el CNTC incluye otras medidas como la devolución mensual del gasóleo profesional en lugar de trimestral como está actualmente, lo que contribuirá a aliviar la tesorería de las empresas de transporte en estos momentos de dificultad. Del mismo modo, se ha logrado la publicación semanal del Índice de Variación del Precio del combustible, lo que permitirá repercutir en las tarifas, de una manera ágil, los continuos incrementos de su coste.
La titular de Transportes cree que tras el acuerdo alcanzado ya no hay motivos para mantener el paro y si se mantiene será por motivaciones de otro tipo, puesto que entiende que se han atendido las reclamaciones de los convocantes, con los que ha rechazado en todo el momento reunirse, al considerarlos minoritarios. Por su parte, Calviño ha hecho un llamamiento para que el conjunto del sector se sume al acuerdo, así como para que «cesen actuaciones que pueden poner en riesgo la seguridad y el derechos de empresarios a seguir trabajando», informa Efe.
Sin embargo, el presidente de la plataforma convocante del paro, Manuel Hernández, ha señalado que, aunque el ministerio está diciendo que ha llegado a un acuerdo con los transportistas, «nada más lejos que la realidad», ya que con la organización que representa «no se ha acordado absolutamente nada». «Los acuerdos han sido tomados con el Comité Nacional de Transporte que no nos representa y dichos acuerdos no dan ninguna solución aceptable para el sector de base», ha insistido en un comunicado.
El Gobierno, por tanto, no solo no logra frenar el paro, sino que éste se agrava al sumarse a él las patronales Fenadismer, Fetransa y Feintra, todas ellas miembros del Comité Nacional del Transporte. Las tres han celebrado asambleas extraordinarias en las que se ha adoptado una postura contraria a la manifestada por el Ministerio de Transportes y se posicionan claramente contra la propuesta «inconcreta» del Gobierno que, según afirman, «no permiten por el momento reanudar la actividad del transporte de mercancías por carretera».
Las tres organizaciones no entienden cómo otros países de nuestro entorno (Francia, Portugal, etc.) han podido ya anunciar medidas concretas y el Gobierno español tiene que esperar a una postura común tras el Consejo Europeo. Tampoco entienden «por qué el Gobierno español se resiste incomprensiblemente a anunciar cuál va a ser la cantidad de dinero que le va a llegar realmente al bolsillo de cada transportista para amortiguar el impacto de la subida de los carburantes».
