Un sindicato de policías acusa al alcalde de Coslada de «poner en peligro a los ciudadanos»
El sindicato de policías CPPM Coslada ha denunciado a través de las redes sociales «el robo de 28 bombonas de butano en diferentes gasolineras de Coslada, San Fernando y Alcalá», el pasado 4 de enero, por lo que «la Brigada de Información de Policía Nacional de Madrid organizó un dispositivo especial ya que se temía un posible atentado terrorista durante el transcurso de la cabalgata de Coslada».
El sindicato de la Policía Local recuerda que «estamos en Estado de Alerta 4 Plus» y denuncia que, a pesar de ello, el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, «decidió que prefería poner en peligro a los ciudadanos y ciudadanas antes que perder más rédito político anulando la cabalgata, y esto a sabiendas de que no había suficiente Policía Local trabajando».
«Por eso, desde este sindicato pedimos la dimisión de manera urgente de este mal gestor, ya que no hay ningún tipo de excusa para este acto de negligencia y cobardía», señala CPPM Coslada. «Si no tenía conocimiento del peligro, debe dimitir por incompetente y, si lo sabía, por irresponsable», añade el sindicato.
Unas afirmaciones que, según publica El Mundo, son negadas tajantemente tanto por el Ayuntamiento como por el Ministerio del Interior, que confirma el robo de 28 bombonas de butano, pero afirma que «la Policía Nacional lo investigó como una serie de sucesos de delincuencia común, no relacionados con el terrorismo».
El sindicato, que viene denunciando «incumplimientos» por parte del Gobierno municipal respecto a las condiciones laborales de los policías locales, critica que durante la cabalgata, ante la falta de agentes, «se cortaron accesos a calles con una simple valla», «hubo cruces tan solo cubiertos con miembros de Protección Civil que no están capacitados para actuar» y «vehículos aparcados en el recorrido».
Días antes de la cabalgata de Reyes se produjeron más de medio centenar de bajas laborales de policías, por lo que el Gobierno municipal acusó a los sindicatos de «llevar al extremo sus protestas y tratar de boicotear» el evento, como ya ocurrió con la Media Maratón. El Ayuntamiento se vio obligado a reducir el recorrido y toda esta controversia provocó un aluvión de críticas al alcalde.
