Alcalá, San Fernando y Coslada son algunas de las localidades que han albergado las sedes sociales de compañías como Novomatic, Bimbo y Mitsubishi Electric
Desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, ya son más de 3.200 las compañías que se han llevado sus domicilios sociales de Cataluña a otras autonomías, especialmente a la Comunidad de Madrid, según datos del Colegio de Registradores.
El Corredor del Henares ha acogido algunas de estas empresas, dedicadas a diversos sectores, pero todas con un denominador común: se trata de grandes compañías que con mayor o menor presencia previa en la comarca han decidido ubicarse en localidades como Alcalá de Henares, San Fernando de Henares y Coslada.
El grupo de transporte internacional Transpaís, hasta ahora ubicado en La Selva del Camp (Tarragona), ha sido la última compañía en hacer efectivo su traslado a la Comunidad de Madrid, concretamente a la calle Cataluña del municipio de Velilla de San Antonio.
Antes, conocíamos la salida de Cataluña de la principal compañía de servicios portuarios y terminales polivalentes en España. Noatum Maritime decidía trasladar la sede social de su negocio de servicios marítimos de Barcelona a Coslada. Tanto Noatum Maritime Holding como Noatum Maritime Services cambiaron su domicilio social al número 3 de la calle Luxemburgo del municipio.
Por su parte la compañía Gigames S.L., que forma parte del grupo Novomatic, el gigante mundial de las tragaperras, cambió su sede social de la localidad de Terrassa (Barcelona) al polígono industrial de La Garena en Alcalá de Henares.
Otra de las últimas en trasladar su sede social de Cataluña al Corredor del Henares ha sido la sucursal española de la multinacional japonesa Mitsubishi Electric, que ha decidido mudarse de Comte D’Urgell (Barcelona) al Parque Empresarial de San Fernando de Henares.
El pasado mes de octubre se conocía además la decisión del Consejo de Administración de Bimbo, que había acordado trasladar el domicilio de sus sociedades con sede en Cataluña a la Avenida de la Industria de Coslada, desde donde el Grupo Bimbo ya dirige la Organización EAA (Europa, África y Asia).
Y la operadora de telecomunicaciones Eurona también decidió antes de Navidades trasladar su sede social de Barcelona a Rivas-Vaciamadrid.
Son algunos ejemplos de una fuga de empresas impulsada por el desafío independentista y por la inestabilidad política y económica que vive aquella comunidad.
Según los expertos, aunque la mayoría de las compañías no explican con claridad que el cambio se deba directamente a la situación política de Cataluña, lo cierto es que el contexto en el que se producen estos cambios tiene un enorme peso a la hora de tomar decisiones de tipo económico o empresarial.
Las consecuencias
El domicilio social es la dirección concreta (sede física) en la que se administra una sociedad mercantil. Según lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, el domicilio social es el lugar en el que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.
El domicilio social implica que la entidad opera bajo el régimen jurídico que se aplica en la localidad en la que esté domiciliada, que en este caso es la legalidad española para todas las empresas que estén en el territorio español.
El domicilio social es independiente de los centros de producción u oficinas. Son muchas las empresas que tienen su sede social en una ciudad y cuyo grueso de trabajadores está en otra.
Los cambios de domicilio social tampoco tienen ninguna consecuencia real para los clientes, al no producirse deslocalización de oficinas, fábricas, etc.
Ademas, cambiar de domicilio social no implica cambiar de domicilio fiscal. En el caso de las empresas españolas, el tributo que pagan es el Impuesto sobre Sociedades, que se trata de un impuesto estatal, recaudado y gestionado por la Agencia Tributaria, y se paga por igual con independencia de la comunidad autónoma en la que las compañías tengan su domicilio social y fiscal.
Otra cosa distinta son los impuestos y tasas que las compañías tengan que aportar a las administraciones locales y autonómicas por los inmuebles que tengan operativos en el lugar donde hayan establecido su sede social.
Lo cierto es que algunas de estas empresas ya operaban con anterioridad en el Corredor del Henares, y así seguirá siendo, más allá de que en un futuro hagan anuncios de inversiones en la zona que, por ahora, no se han contemplado.
